Temor en el entorno de Ábalos y Koldo ante un posible ingreso en prisión

José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama se acercan al banquillo de los acusados. A la espera de que el Tribunal Supremo señale fecha para celebrar el primer juicio de la macrocausa, los tres acusados se preparan ya para ser juzgados por una serie de actuaciones que impulsaron tras el aterrizaje de Ábalos en el Ministerio de Transportes, con el foco especialmente en los contratos de mascarillas que adjudicó este departamento a la empresa de la trama.

Con todo, en las últimas horas se ha disparado la preocupación en su entorno de un posible ingreso en prisión antes incluso de que se celebre la vista. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Fiscalía Anticorrupción solicita al juez que celebre la comparecencia del artículo 505 de la LECrim (conocida como "vistilla") para "la modificación de las medidas cautelares" acordadas para Ábalos y Koldo.

Cabe recordar que el magistrado Leopoldo Puente acordó para ambos prohibición de salir de España, retirada de pasaporte y comparecencias quincenales; medidas que ambos han cumplido escrupulosamente. De hecho, el magistrado -que dejó este miércoles en libertad a Santos Cerdán- ha descartado en los últimos meses endurecer dichas medidas a pesar de que las acusaciones populares así lo han solicitado. Así por ejemplo, lo reclamaron tras las comparecencias de ambos en sede judicial el mes pasado.

La advertencia del juez en octubre

La Fiscalía no apoyó la petición y el magistrado la desestimó al considerar que no se cumplían los requisitos legales para acordarla (riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva). Ahora bien, en su auto del pasado 15 de octubre advirtió que conforme se aproximara la fecha de celebración de juicio oral se podrían "adoptar medidas cautelares más gravosas", como así lo sugirió Anticorrupción.

Ahora, con el procesamiento ya dictado y el escrito de acusación del Ministerio Público presentado, su posible ingreso en la cárcel parece cobrar fuerza. Máxime tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 y medio para su exasesor y siete para Aldama por cinco delitos. Además, solicita multas superiores a los 3,7 millones de euros para el exministro y Koldo por uso de información privilegiada. El fiscal jefe Anticorrupción añade este delito a los vigentes en la causa (organización criminal, malversación, cohecho y tráfico de influencias.

En su escrito desgrana la presunta actividad delictiva que impulsaron los tres acusados nada más aterrizar José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Al respecto, sostiene que Koldo comenzó desempeñando como chófer suyo pero pronto se convirtió en su "alter ego" y en "el fiel transmisor de sus decisiones". Al respecto, sostiene que manejó "las fuentes ilegales" de dinero del exministro, "actuando de facto como testaferro de su superior en las actividades delictivas".

Los encuentros con los jefes de gabinete de Montero y Maroto

El fiscal desgrana todos los hechos por los que serán juzgados en esta primera vista oral, los cuáles se enmarcan en el periodo de pandemia. El primero de los que enumera reside en la autorización por parte del Ministerio de Transportes de salvoconductos de ciudadanos que indicaba Koldo por orden de Aldama (en su mayoría personas venezolanas) para facilitar su entrada en territorio nacional.

Igualmente, se hace eco de las reuniones con propició Koldo con miembros del Gobierno. Por un lado, la cita de Aldama con Carlos Moreno, exjefe de gabinete de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero y, por otro, la que celebraron personas investigadas en la trama del fuel con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe en ese momento del gabinete de la exministra de Industria, Reyes Maroto.

Con todo, el grueso del procedimiento se ciñe a las comisiones que percibieron por mediar para que los contratos de emergencia para el suministro de material sanitario en pandemia fueran a parar a Soluciones de Gestión; empresa aragonesa que introdujo Aldama en la administración y que se benefició de contratos por 54 millones de euros pese a no contar con apenas trabajadores y a haber presentado un volumen de negocio en el ejercicio anterior cercano a los cero euros.

De Jésica a Isaías Taboas: los testigos del fiscal

Además, recuerda que Aldama abonó 10.000 euros mensuales a Koldo García (quien, a su vez, le haría llegar una parte a su jefe) para que le mantuviera las puertas abiertas de la Administración. Precisamente, el empresario maniobró para acelerar el rescate de Air Europa en plena pandemia. El escrito resalta el papel de Ábalos en la emisión de la nota de prensa en la que el Gobierno se comprometió a inyectar liquidez a la firma.

A cambio, habría gozado de una casa vacacional en Marbella en agosto de 2020. Misma dinámica se repitió un año después, aunque esta vez con una casa en La Alcaidesa (Cádiz). El abono de la vivienda vacacional respondería a su mediación para que empresarios de la trama del fuel pudieran reunirse con Bidart en el Ministerio de Industria. A todo ello se añaden los abonos de la vivienda en la que residió Jésica Rodríguez (expareja de Ábalos) y que costeó un socio de Aldama y también la "presión moral" que ejerció el exministro para que se le contratara en Ineco y Tragsa, empresas públicas en las que estuvo en nómina pese a no acudir ni un solo día a trabajar.

Precisamente Jésica Rodríguez es uno de los testigos cuya declaración propone la Fiscalía. A ella se suman casi cuarenta personas, entre las que se encuentran Pedro Saura (exsecretario de Estado de Transportes); Isabel Pardo de Vera (imputada en la parte de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional), socios de Aldama como César Moreno o Ignacio Tapia); la empresaria Carmen Pano (que dice que llevó 90.000 euros a Ferraz); los exjefes de gabinete de Maroto y de Montero, el hermano de Koldo, la exsecretaria de Ábalos, Ana María Aranda, o el expresidente de Renfe Isaías Taboas.