El Campus de la Justicia, sin control

El presidente de la Cámara de Cuentas alerta en la comisión que investiga la deuda regional de que avisó 14 veces de que la sociedad pública no respondía a sus requerimientos fiscalizadores.

La Comisión de investigación de la deuda regional desde 2007 arrancó ayer en la Asamblea con polémica en torno a las cuentas del Campus de la Justicia. Arturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas, y que fue el primer compareciente, manifestó que en hasta en 14 ocasiones el organismo que dirige notificó tanto a la Cámara autonómica como al Ejecutivo de Esperanza Aguirre y posteriormente de Ignacio González que la sociedad constituida para construir el proyecto que agruparía todas las sedes judiciales en Valdebebas –por un importe de 130 millones de euros– era el único «organismo público dependiente de la Comunidad que no ha rendido cuentas en plazo y al que le faltan algunos años». «Hemos hecho más de lo que teníamos que hacer», explicó Canalda, que añadió que también se puso en contacto en cuatro ocasiones con los responsables del Campus de la Justicia para recordarles su obligación de rendir cuentas.

En concreto, el presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid aseguró que 2006 (el primero en que estuvo en funcionamiento) fue el único ejercicio en el que el Campus de la Justicia facilitó información a la Cámara, después, dijo, o no informó de su situación financiera o lo hizo fuera de plazo. Asimismo, añadió que, pese a esta situación, cuando ya se había decidido liquidar la sociedad en 2011, en 2012 se hizo una aportación de 8,5 millones de euros a la misma. A juicio de Canalda, que se quejó de la ausencia de capacidad sancionadora del organismo que dirige, la ausencia de fiscalización pública de esta sociedad de titularidad regional «tiene más que ver con una dejación de los responsables de la gestión que con una voluntad política de no informar».

Miguel Ángel Fernández, liquidador del Campus de la Justicia, fue el segundo compareciente en la comisión que surgió a petición del Grupo Parlamentario de Podemos. Fernández, que dio cuentas de los últimos cinco meses en funcionamiento de la sociedad (hasta el 5 de febrero de 2015, fechan en que se disolvió tras un año sin actividad), aseguró que el balance de la empresa ascendía en su liquidación a 25.121.599 euros –contando con el Instituto de Medicina Legal, único de los edificios que se llevó a cabo del proyecto, y cuyo coste superó los 17 millones de euros–.

La comisión volverá a reunirse en un plazo de quince días para analizar la situación del Canal de Isabel II y Metro, entre otras. El Grupo Parlamentario Podemos ha solicitado la presencia en esta investigación de Aguirre, González o Francisco Granados como ex responsable de Justicia de la Comunidad. PP, por su parte, ha solicitado la comparecencia del ex presidente Rodríguez Zapatero.