Los sobresueldos a funcionarios comenzaron en la época de Gómez

La investigación judicial en torno al pago de «sobresueldos» a los empleados del Ayuntamiento de Parla mantiene imputado a su alcalde, el socialista José María Fraile, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. El 26 de abril de 2010, LA RAZÓN publicó en exclusiva que el ex primer edil, Tomás Gómez, autorizó en 2008 el pago de complementos salariales presuntamente ilegales, a través de su inclusión en el convenio colectivo firmado con los sindicatos y que regulaba las condiciones laborales de sus funcionarios y de su personal laboral. La Delegación del Gobierno advirtió entonces al Ayuntamiento de su ilegalidad y, ya con Fraile como alcalde tras la dimisión de Gómez, la Junta de Gobierno decidió anular esos pluses en enero de 2009. Una anulación que, a la vista de lo que se ha demostrado posteriormente, resultó ser más formal que efectiva, ya que los empleados públicos del consistorio continuaron cobrando los complementos a lo largo de 2009, 2010 y 2011.

El propio alcalde ha justificado en repetidas ocasiones –también en su declaración ante el juez– la continuidad en los pagos por razones de «inercia». De hecho, tal y como ha podido comprobar este diario, estos complementos no tienen su origen en la firma del convenio de 2008 sino cuatro años antes. En concreto, el 15 de octubre de 2004, el consistorio suscribió con la comisión negociadora de los empleados públicos el convenio colectivo que reguló las condiciones laborales de estos trabajadores entre los años 2004 y 2007. En este convenio –publicado en el BOCM el 16 de julio de 2005– se incluyen los mismos capítulos que la Delegación del Gobierno reclamó eliminar cuatro años más tarde. Todos ellos, dentro del capítulo 10 de este documento, bajo el epígrafe de «Condiciones económicas». En primer lugar, el artículo 39 regulaba un complemento para aquellos trabajadores, funcionarios o personal laboral, «que no hayan tenido ausencias en su puesto de trabajo», sin contar en este cómputo «ausencias por vacaciones, maternidad, accidente laboral» u otros permisos. Se trata de un Fondo de Absentismo que, según la letra del convenio, asciende a 72.000 euros anuales a repartir entre los trabajadores, fraccionados entre las nóminas de abril y de octubre.

El Fondo Social, también contrario a la legislación que regula las condiciones de los funcionarios, establece una serie de ayudas «para la promoción socio-familiar de los trabajadores». Complementos –regulados en el artículo 45– que en la práctica supusieron la percepción de 355 euros en la nómina de septiembre para cada empleado y una aportación de 298 euros a su plan de pensiones con carácter anual. El tercer complemento incluido también por el equipo de Tomás Gómez en el convenio es el relativo a los incentivos a la jubilación, en el artículo 46. En él se estableció que los empleados que se jubilaran entre los 60 y los 62 años recibirían 7.500 euros, mientras que los que lo hicieran con 63 o 64 años cobrarían un plus de 5.400 euros. Los tres complementos –el Fondo de Absentismo, el Fondo Social y las gratificaciones por jubilaciones anticipadas– son, según el requerimiento de la Delegación del Gobierno, contrarios a la ley para los funcionarios de carrera, no así para el personal laboral.

De esta forma, los complementos salariales que actualmente el Juzgado número 5 de Parla está investigando por la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos, fueron abonados igualmente entre los años 2004 y 2007. Así lo certifica, la liquidación de los presupuestos municipales del año 2007, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. Según este documento, la Acción Social para los funcionarios le costó a las arcas de Parla un montante de 288.535 euros. A esa cantidad se sumaron ese año los 72.000 euros destinados al Fondo de Absentismo y otros 67.500 pagados en concepto de indemnizaciones por jubilación anticipada. Estos tres capítulos presupuestarios arrojan un total de 428.035 euros en 2007 para este tipo de pluses e incentivos laborales.

La de 2007 se trata, por tanto, de una cantidad muy similar a la que que tuvo que hacer frente el Ayuntamiento en los años investigados ahora por la Justicia, entre 2008 y 2011. En 2008, el primer año del polémico convenio, los funcionarios percibieron estos pluses por valor de 395.456 euros si se suman los tres complementos tachados de ilegales por la Delegación del Gobierno. En 2009, este montante se elevó hasta los 417.878 euros al sumar las parttidas del Fondo Social, el Fondo de Absentismo y las indemnizaciones a las jubilaciones. Los Presupuestos de 2010 comprometieron 458.208 euros a estas partidas y en 2011 un total de 400.769 euros, de los que 324.998 –del Fondo Social– no fueron finalmente pagados.

Anulados dos veces

Los pluses sujetos a la instrucción –los pagados entre 2008 y 2011– fueron anulados supuestamente por el equipo de Fraile en 2009. A pesar de ello, las liquidaciones presupuestarias antes mencionadas demuestran que se siguieron pagando. Pero no son estas liquidaciones el único documento que señala en esta dirección. Entre la documentación que el juez tiene en su poder, destaca una propuesta de ahorro que el equipo de Gobierno de Fraile dirigió a las secciones sindicales del Ayuntamiento. La misiva está fechada el 24 de abril de 2012 y, a través de ella, el Ayuntamiento busca llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores para la firma de un nuevo convenio. La carta está firmada por el consejero delegado de Personal, José María Díaz Castañeda, y contempla un «Plan de Ajuste» para ahorrar 3 millones de euros. Entre los conceptos que el consistorio propone eliminar en 2012 se encuentran el Fondo Social y el Fondo de Absentismo. Ambas partidas son, precisamente, dos de las que la Delegación del Gobierno instó a eliminar del convenio en 2008 y que ahora son investigadas.