Enrique Ossorio, consejero de Educación de la Comunidad de MadridAlberto R. RoldánLa Razón

Enrique Ossorio: Madrid va a recurrir ante la Justicia la Ley Celaá y sus decretos

Cree que hay vías y sustento jurídico porque la norma «va contra el español, la unidad del sistema educativo en España y contra las familias»

Madrid no quiere la «Ley Celaá». Es más, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, dice que el Gobierno regional está dispuesto a dar la batalla en los tribunales por no aplicar esta «novela de terror». ¿Por qué? Porque «va en contra de la calidad educativa, de la concertada, de la libertad de elección, del español, de la religión». Y lo peor, a su juicio, es que se está comprometiendo la educación «para tener los apoyos presupuestarios de Iglesias, Rufián y Bildu. Eso es lo que vale para el Gobierno de Sánchez la educación en España».

¿Madrid se puede blindar frente a la ley Celaá sin caer en la ilegalidad?

–El Gobierno tiene la sospecha de que una parte puede ser declarada inconstitucional y deliberadamente se está redactando de una manera ambigua. Esto que puede ser útil para eludir una declaración de inconstitucionalidad de muchos de sus artículos, también puede servir a una comunidad autónoma como Madrid para poder legislar y que se respeten los principios educativos que llevamos desarrollando desde hace 25 años y que tan buenos resultados nos están dando.

La norma va a permitir que cualquier comunidad pueda redactar una ley autonómica que sea constitucional. Por tanto, en ese pecado llevan también su condena. Luego, las autonomías también tenemos unas amplias competencias de gestión y, dentro de eso, también pensamos que podemos hacer muchas cosas. Vamos a poder garantizar a las familias que la educación va a seguir siendo de calidad, con libertad e igualdad de oportunidades.

–¿La Comunidad está dispuesta a recurrir ante los tribunales la Lomloe?

–Tal y como está la ley, podremos recurrir la «ley Celaá y los decretos que la desarrollan en todo lo que tiene que ver con la libertad de elección y con la concertada, el castellano, la educación diferenciada... El PP ya lo ha anunciado como partido y ahora correspondería a la Comunidad autónoma. La decisión la tendrá que adoptar el Consejo de Gobierno y vemos vías y sustento jurídico para hacerlo.

La Lomloe va contra dos cosas: el español y la unidad del sistema educativo en España y contra las familias, porque rebaja la calidad de la educación y limita la libertad de elección.

¿Cuál sería el sustento jurídico?

–La Constitución española establece como principio fundamental la libertad de elección de las familias. Y no sólo la Carta Magna, sino también el derecho internacional y natural porque si los padres son responsables de la educación de sus hijos, lógicamente lo son también de decidir cómo quieren que sea. Todo lo que quieren introducir es dirigismo, que esté la Administración por encima de las familias y que tome decisiones por encima de ellas. Todo esto es susceptible de recurso. Y sobre lo relacionado con el español, se le ha quitado el carácter de lengua vehicular y oficial del Estado español. A la Alta Inspección le han quitado la competencia para vigilar que el español sea la lengua en la educación. Estamos haciendo un análisis y todo lo que sea susceptible de recurso se recurrirá.

Madrid no es la única comunidad que se lo plantea. Hablo muy frecuentemente con algunas y están preocupadas, aunque ilusionadas en el sentido de que vamos a utilizar todos los cauces a nuestro alcance para conseguir que los alumnos no se vean perjudicados.

El consejero de Educación, en su despacho de la calle AlcaláAlberto R. RoldánLa Razón

Se ha hablado de blindar la educación concertada y la especial por ley. ¿Hay alguna medida específica que ya se sepa que se va a plantear?

–En educación especial, en Madrid no se había desarrollado en norma con rango de ley el artículo 74 de la Ley orgánica de Educación, que regula la educación de los alumnos con necesidades especiales del aprendizaje. Nuestra idea es desarrollar de manera completa en la ley, la educación especial y la inclusividad. Así la blindamos contra la disposición adicional de la Lomloe que plantea la desaparición de esos centros. La otra parte importante es la libertad de elección. La Lomloe suprime la demanda social. Esto es absurdo porque cuando construimos un centro educativo lo hacemos porque asociaciones de padres o los municipios nos indican que hay una necesidad. Por eso es un elemento que vamos a salvaguardar.

El proyecto de ley impide que se destine suelo público para construir centros concertados. ¿Eso también lo puede frenar Madrid?

–Lo vamos a estudiar. En la ley antigua, la Lomce, se hablaba de la posibilidad de que hubiera convenios para cesión de suelos para la construcción de centros concertados y, además, se preveía la posibilidad de que pudiera haber cesiones de ayuntamientos a centros de educación y no aclaraba si a públicos puros o concertados. Ahora esto se suprime. Estamos estudiando la posibilidad de salvaguardar este punto porque no sé hasta qué punto la Lomloe o Ley Celaá puede prohibir que un ayuntamiento ceda terreno para una finalidad que considera que es buena, como es la posibilidad de que exista un colegio concertado.

Ossorio prevé blindar la educación concertada y especial con una ley autonómicaAlberto R. RoldánLa Razón

¿Qué le parece que ahora sean las comunidades autónomas las que regulen más parte del currículo educativo?

–Prefiero la regulación vigente. Las asignaturas troncales, las más importante, las regula el Estado; las específicas, el Estado; y las comunidades autónomas, las de libre configuración autonómica, que son ya competencia de las comunidades. Lo que se hace en la Ley Celaá es que el 50% del currículo lo regule el Estado en las comunidades con lengua cooficial y el 60% en las que no y se prevé la posibilidad de que se ceda a los centros la posibilidad de que decidan una parte del currículo. No nos parece bien ninguna de las dos cosas.

Que conste que en Madrid somos muy respetuosos con la autonomía de los centros porque nos va muy bien para hacer proyectos de innovación educativa o tomar decisiones, pero el currículo debe ser fijado por la Administración del Estado en común para toda España y por la comunidad autónoma en la parte que les corresponde.

¿Y por qué cree que se quiere hacer esta regulación?

–Para romper el sistema educativo único en España, para contentar a Bildu y Esquerra. Quiere romperlo en 17 partes y este es un paso más en esa dirección.

Ha anunciado que va a realizar proyectos de mejora de la calidad educativa. ¿En qué consiste eso exactamente?

–Tenemos distrito único y cualquier alumno, viva donde viva, puede elegir un centro donde haya esos proyectos. Tenemos los Stem, con los que queremos potenciar las vocaciones científicas y tecnológicas, otros de innovación educativa, queremos fomentar que haya más centros donde se imparta el Bachillerato de excelencia, el internacional...Queremos compensar todo aquello que pueda perder la educación como consecuencia de la aplicación de la Lomloe. Vamos a poner en marcha proyectos educativos avanzados y de innovación.

¿Qué opina de que la Religión haya quedado relegada?

–Me parece negativo porque se devalúa y, más allá de la fe, la enseñanza de la religión católica es muy importante para los alumnos, es una enseñanza extraordinaria y me parece triste que en el siglo XXI haya gobiernos que estén en contra de la enseñanza de esta asignatura.

Con motivo de la pandemia se ha hecho una bajada histórica de ratios con idea de mantenerla, según dijo la presidenta regional, ¿eso va a ser posible?

–La bajada ha sido espectacular por la pandemia. En Infantil y Primaria nos fuimos a los grupos burbuja de 20 y no más de 23 en Secundaria. Como consecuencia de eso contratamos a 10.600 profesores, buscamos nuevos espacios y gracias a ello hemos conseguido 18 de ratio media en Infantil y Primaria y 20 en la ESO. Nuestra intención, una vez que pase la pandemia, es ir rebajando las ratios de manera progresiva porque tiene un coste brutal por la contratación de profesores y de infraestructuras.

-¿Por qué no se va a mantener el contrato a los 1.100 profesores de refuerzo?

–Fueron contratados para compensar lo que los alumnos habían dejado de aprender en la primavera y en los últimos meses del curso 19-20 con ocasión de la pandemia. Se dijo claramente que su labor iba a ser durante el primer cuatrimestre de este año. Además, tenemos varios planes de refuerzo a lo largo del curso.

-Hay quejas con la semipresencialidad de los alumnos en algunos cursos de la ESO a la que ha llevado la pandemia. ¿Cree que esto puede repercutir en el rendimiento de los alumnos?

–Somos partidarios de la presencialidad. Los centros nos dicen que está funcionando bien y muchos están impartiendo el cien por cien de las clases en segundo de Bachillerato

-¿Cree que se está manteniendo el mismo nivel educativo?

–Dedicamos nuestro tiempo para conseguir que esto sea mínimo pero decir que no va a ocurrir sería engañar. El corte brusco del 11 de marzo en la enseñanza presencial tiene que tener efectos, no cabe la menor duda. Esperamos que este año la pérdida sea pequeña.

-Ya dijo que no se va a bajar el nivel de exigencia y que, en Madrid, los alumnos van a tener que aprobar todo para obtener un título. ¿Esto no coloca en una posición de desventaja a los alumnos madrileños de cara al acceso a la universidad?

–Ese fue nuestro argumento fundamental para defender ante la ministra que el sistema educativo es único y los títulos expedidos sirven en Madrid y en cualquier otra comunidad. A corto plazo algún alumno puede pensar que sí está siendo perjudicado porque no vayamos a permitir que se promocione o titule con más suspensos de lo que dice la ley. A largo plazo no, porque si lanzas el mensaje del aprobado general les hacemos un flaco favor y ese mensaje de esfuerzo que les enviamos al final será un beneficio para ellos.