Calle Toledo

La Policía investiga una manipulación imprudente como origen de la explosión de la parroquia de Madrid

Ya ha tomado declaración a una decena de personas y ha solicitado documentos. Miran si el mantenimiento del edificio era adecuado y si el joven estaba capacitado para manipular conductos de gas

Varios operarios colgados de una grúa trabajan en la inspección ocular del edificio tras la explosión en la calle Toledo.
Varios operarios colgados de una grúa trabajan en la inspección ocular del edificio tras la explosión en la calle Toledo.Ricardo RubioEuropa Press

Los informes de autopsia de los fallecidos enviados desde el Anatómico Forense, un atestado policial y dos actas periciales serán los primeros documentos que tendrá encima de la mesa la titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Inmaculada Lova, para estudiar las circunstancias en las que se produjo la explosión de la calle Toledo de la capital, que dejó un balance de cuatro muertos y una decena de heridos. La magistrada, que se encontraba en funciones de guardia el miércoles, será la encargada de determinar si se puede derivar alguna responsabilidad de lo sucedido e indemnizar de forma subsidiaria a las familias de las víctimas y a los heridos. Pero el proceso, ya avisan fuentes cercanas a la investigación, será muy largo. Ayer, segundo día de trabajo en la «zona cero», los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se centraron primero en limpiar la fachada y la cubierta de «elementos inestables». Después de retirar los escombros del suelo, pudo acceder al lugar una grúa desde la que colocaron una góndola donde se subieron los técnicos municipales de edificación para poder ver el edificio desde todos los ángulos (también con la ayuda de las imágenes captadas por los drones de Policía Municipal). Serán ellos los encargados de evaluar el estado del edificio y decidir cómo y cuándo se procede a la demolición de las plantas superiores.

Los Bomberos, por su parte, realizarán un informe sobre su actuación y el estado general de la estructura del inmueble. El acta pericial será remitido al Juzgado que está investigando, así como el que realice la Policía Científica. Bien desde dentro (si el estado del inmueble lo permite) o bien a través de las imágenes recogidas con los drones de Policía Nacional, los agentes de Científica serán los encargados de indicarle a la jueza cuál es el origen de la explosión mediante la recogida de vestigios y otras comprobaciones (si aprecian alguna fuga, avería etc.). Además de estos dos informes de tipo pericial, la jueza recibirá otro de investigación policial. Y es que los agentes de la Policía Judicial de la comisaría de Centro –distrito al que pertenece el inmueble afectado– estuvieron ayer tomando declaración a una decena de personas como testigos o responsables de mantenimiento del edificio, además de solicitar documentación sobre el mantenimiento periódico que deben pasar las instalaciones de gas. Uno de los sacerdotes que vive en ese inmueble explicó a la Policía que el electricista fallecido estaba arreglando un radiador situado en el sótano, donde también estaba la caldera, según Europa Press.

La Policía, que descartó la existencia de «dolo» o intencionalidad en lo sucedido desde las primeras horas, sigue barajando el escape de gas como principal hipótesis e investiga ahora si existió una imprudencia y por parte de quién. Y es que, además de las inspecciones realizadas por las compañías de suministros, fuentes policiales recuerdan que es el propietario (la parroquia o el Arzobispado en última instancia) a quien compete el mantenimiento adecuado del edificio y sus instalaciones. También estudian si el electricista que estuvo revisando o manipulando alguna tubería estaba habilitado para ello.

La importancia de conocer si existe un responsable último de lo sucedido va encaminado a dirimir, en un futuro proceso judicial, quién asume la responsabilidad civil subsidiaria; es decir, quién pagará las indemnizaciones (si la jueza considera que existen responsables) y qué seguro se debe hacer cargo de la compensación económica a los damnificados. El responsable civil, explican fuentes de la investigación, será el que «documentalmente» no esté avalado; es decir, que no pueda demostrar con certificados oficiales las correspondientes inspecciones. Según explicaron fuentes de la Comunidad de Madrid a Ep, la caldera sí había pasado la inspección pertinente en enero del año pasado, por lo que estaría en regla ya que hay que pasarla cada dos años.

También se trata de determinar si la nevada pudo taponar algún conducto o respiradero del gas ya que los testigos aseguran que llevaban unos días «oliendo bastante a gas».