Las «chapuzas» contables de Noelia Posse con el «Amanecer Bailando»

El macro festival de música electrónica y urbana «Amanecer Bailando» se celebró en Móstoles por primera y última vez en septiembre de 2018. Entonces hubo una enorme polémica y una fuerte protesta vecinal por los ruidos que el evento podía ocasionar. Hasta la Fiscalía de Medio Ambiente pidió el expediente del evento tras una denuncia del Ayuntamiento de Alcorcón. Hoy, la polémica continúa por que no se han cerrado las cuentas del controvertido festival.

De las «chapuzas» contables de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, que aprobó la celebración del festival por decreto, da cuenta el interventor del Ayuntamiento en un informe de alegaciones remitido a la Alcaldía en el que el funcionario municipal se defiende después de que la regidora pidiera su cese al Ministerio de Hacienda.

Incluso el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Móstoles, habló del asunto en el último pleno municipal, celebrado el pasado 29 de enero, como «uno de los asuntos más turbios que Móstoles ha tenido».

En su informe, el Interventor expone que la empresa organizadora (Family club Since 1995 SL) pagó una tasa de ocupación de los terrenos públicos en el Parque Ovejero «inferior a la realmente ocupada, según se desprende de un informe de la Inspección Fiscal del Ayuntamiento», dice el funcionario público en el documento de alegaciones al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La empresa debería haber pagado 224.318 euros, según la Inspección Fiscal, pero sólo abonó 76.843 euros. Dos años después del festival, el Ayuntamiento no ha girado la tasa complementaria de 147.473 euros que debería pagar la empresa, según refleja el interventor. La cuestión ahora es por qué no se ha hecho el trámite desde el Consistorio ni el intento de cobrar. Y eso que el asunto ha sido objeto de tres mociones por parte del PP en diciembre de 2018, en julio de 2020 y el 29 de enero pasado que, curiosamente, han sido aprobadas en pleno por unanimidad sin que hasta ahora se haya iniciado el trámite. Más aún, el Grupo Popular cree que el asunto puede acabar en los tribunales ante un problema que «se está convirtiendo en una losa cada vez más pesada», decía en el último pleno el portavoz popular, Alberto Rodríguez de Rivera.

Pero el asunto se complica con otro detalle del que advierte el interventor municipal. La empresa estaba obligada a asumir los gastos por los desperfectos que generara el festival, pero «no consta haber sido ni determinada ni exigida la responsabilidad en la que habría incurrido la empresa como consecuencia del estado en que quedó el parque. Tampoco se le incautó la fianza y el seguro que depositó la promotora del evento, que fue de 100.777,64 euros. En cambio, las reparaciones fueron realizadas por empresas privadas por encargo del Ayuntamiento y a las que aún no se ha pagado. Las contrataciones se hicieron «sin pasar por los trámites que determina la Ley de Contratos del Sector Público», ha denunciado el PP. La forma en la que se pretende hacer el pago a las empresas no cuenta con el aval de legalidad del interventor, ni del secretario del Ayuntamiento, coordinadora de Hacienda y la titular de la Asesoría Jurídica. Lo cierto es que el interventor asegura que desde los primeros días que aparecieron los problemas por el citado festival, «han sido múltiples las tensiones, desencuentros y presiones para que diera mi conformidad a la resolución de estas cuestiones en los términos que se pretenden en el mismo». De hecho, alerta de que «cuando el Concejal Delegado de Recursos Humanos y Financieros en el 22 de octubre de 2020 reiteró su voluntad de girar la liquidación complementaria de la tasa perdió sus atribuciones de Hacienda por decreto».

En suma, la totalidad de las reparaciones ascienden a 105.365,5 euros mientras que la fianza y el seguro suman 100.777,64, lo que supone un déficit de 4.000 euros que sumado a la tasa complementaria implica una deuda de la promotora con el Ayuntamiento de 152.041,76 euros.