Cerco del Tribunal de Cuentas a la alcaldesa de Móstoles

Abre diligencias para determinar si ha habido «irregularidades» en la gestión de Noelia Posse al perdonar impuestos a empresas privadas tras una denuncia del Interventor

La alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, durante un homenaje a los mayores del municipio
La alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, durante un homenaje a los mayores del municipioAyuntamiento de MóstolesLa Razón

Las cosas se complican para la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE). Un auto reciente del Tribunal de Cuentas acuerda continuar con la instrucción de la denuncia que hizo su Interventor municipal que alertaba de que se habían perdonado impuestos o cánones a determinadas empresas privadas de la localidad. Es decir, avisaba de que lo que se había hecho era una especie de «amnistía fiscal» a determinadas empresas, tal y como adelantó LA RAZÓN.

Ahora, el Tribunal decide continuar con la investigación porque no descarta que haya responsabilidad contable en el asunto y la instrucción alcanza incluso al concejal de Hacienda, del que se habla presuntamente de haber condonado una deuda de más de 800.000 euros a la empresa Coniser. Tal y como indica el documento al que ha tenido acceso este periódico, el interventor municipal da detalles en el escrito de todo lo ocurrido. Así, especifica que la Junta de Gobierno celebrada el 20 de octubre de 2020 «aprobó una reducción del canon anual a ITV Móstoles SL de los 147.653,99 euros originales a 60.000 euros por año, la quita de 615.000 euros de la deuda por los cánones impagados». Y no sólo eso, se fraccionaba el resto de la deuda en cómodos pagos hasta el año 2040 «sin intereses de demora ni garantía de pago».

Pero ésta no es la única empresa supuestamente beneficiada. El Interventor municipal hacía referencia en su informe, presentado el 11 de diciembre de 2020, a los casos de las concesionarias Coninser 2000 SL y Arquitectura, Ingeniería y Servicios S. A. (AISER). Respecto a la primera, advertía que «no se recaudaron los cánones entre 2009 y 2017». En este último año, se decidió hacer una liquidación por todos ellos pero «a consecuencia de ese proceder se habría causado la prescripción de los derechos por los impuestos correspondientes entre 2009 y 2013». Así que, en relación con los cuatro años pendientes de abonar, «se concedió un plazo para su pago pero, al llegar el último día de dicho plazo, se ordenó la suspensión del procedimiento hasta que se resolviera un petición de la mercantil concesionaria para que el importe de los cánones adeudados fuese compensado con otros créditos que la empresa tenía con el Ayuntamiento».

La denuncia implica también al concejal de Hacienda, al que le acusa de vulnerar presuntamente la legalidad vigente.

Con respecto a la empresa AISER, el Interventor denuncia que hasta 2016 no se giraron los impuestos correspondientes a los años 1993 a 2012. Pero el funcionario público asegura que «no hay constancia de que se haya realizado actuación alguna respecto del cobro de los cánones que se debían».

A la vista de la documentación recibida, el Tribunal de Cuentas ha acordado que se nombre un instructor del caso «al no considerar suficientes las alegaciones y documentación presentadas para descartar por completo la posible existencia de responsabilidades contables».

El Tribunal de Cuentas descarta así el archivo de las actuaciones y decide abrir diligencias para determinar si ha habido presuntas irregularidades por perdonar impuestos a empresas de Móstoles.

Moción de Cs sobre malas prácticas

Mientras, el Grupo Ciudadanos ha presentado una moción que se debatirá en el próximo pleno para la protección de los denunciantes de corrupción y malas prácticas en el Ayuntamiento de Móstoles que iría en línea con la ley que han presentado los naranjas en la Asamblea de Madrid.

La moción plantea que se cree un marco de protección para los empleados del sector público que informen sobre malas prácticas de los gestores públicos. Así, pretende que se garantice su confidencialidad y su protección frente a posibles represalias. Además, plantean que, cuando prospere la Ley de Protección Integral de los Funcionarios Denunciantes de Corrupción de la Comunidad de Madrid que se ha llevado a la Cámara de Vallecas, se haga el correspondiente convenio para que Móstoles pueda acogerse a esta normativa.

El Interventor municipal, cuando puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas los hechos, el pasado 5 de noviembre, se lamentaba de que, por cumplir fielmente las obligaciones de su cargo, la relación profesional en asuntos municipales con la alcaldesa de Móstoles prácticamente desapareciera y se abriera paso la desconfianza.

«Acoso y derribo»

Incluso llegó a detallar en su informe que había sido víctima de una «operación de acoso y derribo». Es más, su «descabezamiento» llegó a conocerse como «Operación ADIN», según explicó. «En el Consistorio había una situación de crispación alentada por personas de la Alcaldía o cercanas a ésta con acusaciones infundadas a cerca de mi trabajo», lamenta el funcionario.

Aseguraba que se llegaron a escuchar comentarios en el Ayuntamiento del tipo: «Ya nos hemos cargado al Secretario General, ahora le toca al Interventor».

La alcaldesa socialista pidió hace unos días el «cese inmediato» del funcionario público.