Cuatro «rebeldes» en la Mesa de la Asamblea para frenar elecciones

La Mesa de la Diputación permanente de la Asamblea de Madrid se reunió ayer con un único punto en el orden del día: analizar el decreto de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que disolvía la Cámara autonómica – que no lleva ni dos años en funcionamiento– y convocaba elecciones para el 4 de mayo. Sus siete integrantes: dos de Cs, dos del PSOE, dos de PP y uno de Vox estuvieron de acuerdo en una cosa: que debían disolver la Cámara. Y eso es tanto como dar validez al decreto de Ayuso. Los populares lo interpretaron como una forma de evitar cualquier responsabilidad jurídica habida cuenta de que ayer mismo entró en vigor el decreto de Díaz Ayuso al publicarse en el BOCM.

La segunda cuestión en la que todos coincidieron es en acordar la caducidad de todas las iniciativas que estaban en marcha en la Cámara de Vallecas, un procedimiento habitual cuando se convocan elecciones. Pero fue el tercer punto el que generó un intenso debate entre Jorge Rodrigo y Alicia Sánchez-Camacho, por parte del PP y José Ignacio Arias Moreno (Vox) que se alinearon en contra del presidente de la Cámara, Juan Trinidad, Esther Ruiz, ambos de Cs y de Encarnación Moya y Diego Cruz, del Grupo Socialista. Éstos no estaban dispuestos a asumir el decreto de Ayuso y acordaron, haciendo valer su mayoría, presentar un recurso ante el TSJM al entender que había dos mociones de censura en trámite.

Los populares presentaron incluso para su debate un escrito solicitando la anulación de la toma en consideración de las mociones de censura del día anterior. Se pospuso para la semana que viene. Así que la iniciativa se transformó en un recurso formal que se registró poco después en la Cámara. Los populares, secundados por Vox, esgrimieron toda clase de argumentos para frenar lo que consideran un «acto de rebeldía institucional», como que la Cámara no tenía legitimidad para ser el órgano que interpone el recurso contra un acto del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ya que entienden que deben ser los grupos políticos. Pero no frenó la intentona de acudir a los tribunales, cosa que no se hizo en la tarde de ayer, como se esperaba, aunque se espera formalizar el trámite hoy. Pero en el Grupo Popular ayer había una sensación de tranquilidad pese al terremoto político. Creen que la maniobra de los grupos de la izquierda no pretende más que «alargar el debate de manera artificial para cuestionar la validez de un decreto de disolución de manera propagandista», aseguró el diputado Pedro Muñoz Abrines. Están convencidos de que la decisión de Ayuso «es correcta» y de que habrá elecciones.