Operación Pantano

El ingeniero municipal de San Martín de Valdeiglesias obligaba a hacer proyectos con su empresa, aunque no eran necesarios

«O te hago yo el proyecto o no te doy la licencia de actividad», decía a quien acudía al Ayuntamiento a pedir una licencia para un negocio

Miembros de la Policía Local d San Martín de Valdeiglesias vigilan el acceso al consistorio mientras integrantes del grupo de intervención de delitos financieros de la Guardia Civil registran la sede del Ayuntamiento
Miembros de la Policía Local d San Martín de Valdeiglesias vigilan el acceso al consistorio mientras integrantes del grupo de intervención de delitos financieros de la Guardia Civil registran la sede del AyuntamientoDavid FernándezEFE

Las diligencias que instruye el Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero, que llevaron a la detención por malversación y prevaricación de la ex alcaldesa socialista de San Martín de Valdeiglesias, además de ex ediles, empresarios y familiares en lo que ha pasado a llamarse «Operación Pantano», sigue arrojando nuevos detalles impactantes.

Ahora se han conocido las declaraciones de algunos vecinos del municipio de 8.000 habitantes que acudieron a solicitar una licencia al Ayuntamiento para abrir un negocio y se encontraron con que el ya ex ingeniero municipal, Manuel Sanz, que compatibilizaba su cargo con la actividad profesional en su empresa ZM Ingenieros, junto con su socio José Ramón Portabella (ambos detenidos en el marco de la operación), «guiaba» a los vecinos para que realizaran los proyectos previos con su empresa si querían recibir la licencia de apertura. «De lo contrario, no sería aceptado por el órgano municipal competente o, en su caso, supondría una dilación en el tiempo con las pérdidas económicas que ello supone», expone el informe de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Esta circunstancia queda acreditada con las declaraciones de algunos afectados que quisieron abrir un negocio en la localidad madrileña y no lo consiguieron, según queda recogido en las diligencias abiertas sobre el caso. «Cuando fue a solicitar el cambio de titularidad de la licencia, el ingeniero, Manuel Sanz, le dijo que el proyecto no era válido y que tenía que hacer uno nuevo. Para que no tuviese problemas, lo tenía que hacer un amigo suyo», explicó uno de los perjudicados.

«Realizó un proyecto con un ingeniero, pero al ser presentado en el Ayuntamiento y revisado por el ingeniero municipal, le puso muchísimos problemas llegándole a decir que si no lo hacía con él no iba a concederle la licencia», relató a los agentes otro vecino. Por si fuera poco, otro llegó a contar que el ingeniero del Ayuntamiento le obligó a hacer un proyecto por el que pagó 1.500 euros «a sabiendas de que no era necesario».

El informe recoge otras muchas declaraciones que ratifican el modus operandi del empleado municipal. Otro de los afectados detalló que Sanz le llegó a decir: «Si te hago yo el proyecto abres el establecimiento al día siguiente; si lo hace otro, ya se verá». En la misma línea otra persona contó que le dijo: «O te hago yo el proyecto o no te doy la licencia».

También hay declaraciones de afectados que revelan que una parte del pago se hacía con factura y otra en metálico. «Contrató los servicios técnicos por una cuantía de 12.000 euros y Manuel Sanz Zapata le dijo que el 50% se lo hacía con factura y el otro 50% se lo tenía que pagar en metálico. Accedió a todo lo que le dijo ya que tenía urgencia por abrir el local comercial a sabiendas de que era una auténtica estafa, ya que había pedido presupuestos a otro arquitecto y le hacía el proyecto por 4.000 euros».

Otras personas consiguieron su propósito después de amenazar con sacar a la luz pública todo lo ocurrido, según revela uno de los testimonios: «Recibió llamada de Manuel Sanz diciéndole que para que le diese la licencia tenía que hacer una puerta y pagarle más dinero por el proyecto y al decir la manifestante que si no le dejaba abrir iba a montar un escándalo en el Ayuntamiento, éste finalmente se asusta y baja a hablar con ella en persona al establecimiento diciéndole que se tranquilizara otorgándole finalmente la licencia de actividad».

En el informe de la Guardia Civil figuran numerosas empresas como perjudicadas que comparecieron ante el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial. De hecho, son más de una veintena. No obstante, es significativo que cuando los investigadores acudieron a revisar la documentación, había 108 establecimientos sin licencia de actividad. Tampoco se había seguido el orden de solicitud de las mismas ya que tenían preferencia los proyectos realizados por el ingeniero y su socio.