Así actuaba el ingeniero municipal de San Martín de Valdeiglesias cuando alguien acudía a pedir una licencia

La «Operación Pantano», que se ha saldado con la detención de la ex alcaldesa del PSOE, María Luz Lastras, y otras 17 personas, entre ellos ex ediles y familiares de éstos, además empresarios de la zona, sigue ofreciendo nuevos capítulos de una historia que parece no tener fin. A medida que se conocen las diligencias practicadas salen a la luz nuevos detalles de la investigación que han convertido a un municipio de 8.000 habitantes, como es San Martín de Valdeiglesias, en el foco mediático por posible blanqueo de capitales, fraude, malversación, corrupción urbanística...

Una parte de las diligencias practicadas a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, implican ahora al ingeniero municipal, Manuel Sanz Zapata, que cumplió su función durante al menos 30 años en el ayuntamiento de la localidad, supuestamente como falso autónomo, a la par que trabajaba, junto con un socio, José Ramón Portabella, en su propia empresa radicada en la localidad. Sobre esta circunstancia, la interventora municipal ya advirtió que ambas actividades «no eran compatibles con las funciones puramente encomendadas a funcionarios públicos».

Según la documentación, la estrategia del ingeniero municipal se basaba en la «extorsión» a aquellos que querían abrir negocios para que hicieran sus proyectos de actividad en su propia empresa. El modus operandi consistía en que el ingeniero, al recibir la visita de los vecinos interesados en solicitar una licencia de actividad para abrir un negocio, les informaba de que uno de los requisitos era entregar un proyecto de actividad. Así que «les invitaba a hacerlo en su propia empresa con la garantía de que no iban a tener ningún problema a la hora de recibir la correspondiente licencia al ser un trámite que dependía de él. Sin embargo, la cosa cambiaba si el vecino ya contaba con ese informe porque ponía todo tipo de pegas para dar la licencia. Así, facturaba un sueldo al Ayuntamiento y luego a los vecinos a través de su empresa por trabajos realizados, por los que podía cobrar hasta 7.000 euros», cuenta la alcaldesa popular Mercedes Zarzalejo.

Además, se da la circunstancia de que el ingeniero solicitaba el dinero, casi siempre, en efectivo, o al menos parte, para que la licencia de actividad llegara a buen puerto, según confirmaron varias personas a las que se tomó declaración. Para colmo, y a pesar de que «los servicios se hacían en efectivo, no coincidía el importe de la factura con el importe entregado», exponen los investigadores en su informe.

Precisamente, la empresa del ingeniero municipal, ZM Ingenieros, fue también objeto de registro el pasado día 15 de diciembre por parte de las fuerzas de Seguridad del Estado y el ingeniero y su socio detenidos.

Los investigadores incluyen en su informe declaraciones de afectados que cuentan cómo acudieron a la ex alcaldesa socialista y al teniente de alcalde para expresar sus quejas y poner en su conocimiento lo que estaba ocurriendo con el ingeniero municipal, pero éstos aseguraron que «era el procedimiento».

Por eso los investigadores exponen que el hecho de que el ingeniero compatibilice su puesto en el Ayuntamiento con una actividad privada en su empresa, «además de ser posiblemente constitutivo de un delito de usurpación de la función pública, su función ha sido utilizada para perpetrar otros tipos punibles, como la omisión de las diligencias debidas por parte de la Corporación Municipal».

Por si fuera poco, se da la circunstancia de que el ingeniero trabajaba en el Ayuntamiento como falso autónomo por lo que la ex alcaldesa «habría incurrido en presunto delito de prevaricación por efectuar una contratación encubierta a Manuel Sanz que le habilita como personal laboral e incluso en ocasiones como agente de la autoridad en la inspección de locales y establecimientos». Además, la ex alcaldesa «tenía conocimiento de las conductas delictivas llevadas a cabo por Manuel Sanz». Es por esto por lo que «estas operativas pudieron ser instrumento de blanqueo de capitales de los importes cobrados en efectivo», sentencia el documento policial.