Cuestión de inconstitucionalidad
Transporte
La Comunidad de Madrid no exigirá un examen a los VTC para trabajar
Ayuso guarda en el cajón la regulación de su antecesor que contemplaba nuevas exigencias para ser conductor. El apoyo de la presidenta regional a Uber levanta ampollas en el sector del taxi, que exige indemnizaciones
La «guerra» entre los taxis y los Vehículos de Transporte con Conductor en la Comunidad de Madrid parece no llegar a su fin. El último encontronazo ocurrió el pasado mes de diciembre cuando la Comunidad de Madrid publicó el Anteproyecto de Ley donde finalmente, incluía una modificación en la Ley de Transportes para regular las VTC. La respuesta de la Federación Profesional del Taxi de Madrid a dicha modificación fue la solicitud de indemnizaciones por más de 2.500 millones de euros a la Comunidad de Madrid «por los daños derivados de la modificación encubierta y sin comunicación» de la citada Ley de Transporte. Así lo anunció la FPTM a través de un comunicado, en el que añadió, que tal y como les ampara el Tribunal Supremo, que reconoce el derecho a indemnización para resarcir los daños de actuaciones legislativas, pedirán 150.00 euros de indemnización por cada una de las 15.700 licencias del taxi que hay en la comunidad.
La respuesta de la Comunidad fue la de trabajar con ellos para modificar su reglamento y eliminar, en la medida de lo posible, las restricciones normativas que supusiesen un lastre para la competencia y el desarrollo futuro del sector. Contando con la participación del sector a través de diferentes reuniones con el objetivo de llegar a un consenso con la patronal y proteger a todas las familias que dependen del taxi. Tal y como aseguraron entonces fuentes de la Consejería de Transportes a LA RAZÓN, la Comunidad de Madrid estaba obligada -como el resto de Comunidades Autónomas-, a legislar como consecuencia del Real Decreto Ley 13/2018 aprobado por el Gobierno Central, que establece un plazo límite en el que las autorizaciones VTC dejarían de estar habilitadas para el transporte urbano, lo que supondría, en la práctica, la desaparición del sector en el año 2022.
Entonces la Comunidad garantizó el mantenimiento del «statu quo» en el sector del alquiler de VTC, que podrían seguir operando en la región como hasta entonces, sin acceder a las condiciones reservadas en exclusiva al taxi, como la recogida en la calle o las paradas específicas, pero sin introducir restricciones adicionales, como la exigencia de un tiempo mínimo de precontratación, o la necesidad de volver a la base tras cada servicio.
Libre elección de los madrileños
La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, garantizó ayer la continuidad de las VTC en Madrid y aseguró que desde el ejecutivo madrileño apoyarán al sector del taxi para mejorar su digitalización y flota. «Respetamos todas las opciones de movilidad que hoy libremente nos piden los ciudadanos», aseguró. Según la presidenta, la digitalización, las nuevas aplicaciones y la tecnología, están cambiando las reglas de prácticamente todo. «También en la movilidad urbana, y esto es cierto que en algunos sectores todavía está causando muchas dificultades, entre los mayores, la pequeña empresa o el mundo rural donde todavía lleva un paso anterior», y añadió que, «yo comprendo la preocupación de algunos sectores, en concreto, el del taxi de Madrid, pero si hay VTC, Uber, patinetes, bicis y vehículos compartidos no es porque lo quiera la Comunidad de Madrid, es porque lo quieren los ciudadanos, libremente lo eligen así», sentenció.
El Gobierno regional respetará todas las opciones de movilidad que libremente piden los ciudadanos y «no dejarán que unos sectores fagociten a los otros dejando a muchos profesionales de manera indefensa del mercado, ni a ellos ni a sus familias». Defendió además la responsabilidad del ejecutivo madrileño de ayudar para que todos los modelos, también de movilidad, convivan, coexistan y puedan ofrecer la mejor calidad de servicios a los ciudadanos. Así, la presidenta incidió en que otras formas de movilidad «siguen avanzado» y ha sostenido que el sector del taxi debe hacerlo también.
Cabe recordar que en 2020, el que fuera Consejero de Transportes e Infraestructuras, Ángel Garrido, anunció que la Comunidad de Madrid exigiría un examen a los conductores de VTC para trabajar y del que nunca más se supo. El objetivo del ejecutivo madrileño entonces era el de profesionalizar el sector de las VTC de tal manera que no todo el mundo pudiese acceder al transporte de viajeros sin preparación, exigencia o examen previo. Pero esta idea ha quedado guardada en un cajón. La Consejería de Transportes confirmó a LA RAZÓN que ya no habrá examen y que únicamente se les exige disponer de carnet de conducir con al menos un año de antigüedad. «Son declaraciones de un antiguo Consejero, de un antiguo gobierno, y lo único que queremos ahora es la convivencia entre los distintos medios de transporte», aseguraron a este periódico. Mientras, el apoyo de Ayuso a las VTC ha levantado ampollas.
Desde la Federación del Taxi de Madrid la han reprochado sus palabras y su participación en un acto de «publicidad» en el que ha participado como «mera comercial de Uber, una empresa que tributa en Holanda y cuyos beneficios no se quedan en la región», ha dicho su presidente, Julio Sanz. También ha recordado que el taxi lleva cumpliendo «más de 110 años las condiciones, regulación y tarifas». Por ello se opone a quienes «quieran cambiar las reglas del juego e introducir por la puerta de atrás esa figura de 8.000 taxis negros». «Que sepa el Gobierno que van a tener que rasgarse el bolsillo con indemnizaciones para nuestro colectivo si lo hace así. Desprestigiar a 25.000 familias que viven del taxi directamente en favor de 3 o 4 que acumulan los arrendamientos por conductor no va a salir gratis», ha proseguido. Sanz entiende que es un «error de consideraciones elevadas» lo que ve como un «apoyo incondicional» a las VTC «sin tapujos».
La Consejería de Transportes, responde
El Consejero de Transportes, David Pérez, rechazó las palabras del presidente y le emplazó a «trabajar juntos para impulsar a su sector, pero no podrá ser a costa de la existencia de las VTC, porque ni sería legal, ni conveniente para el empleo, ni coherente con la política de libertad del Gobierno de Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid le ha trasladado desde el primer día su voluntad de apoyar al taxi, su comprensión hacia la situación que tienen y su deseo de contribuir a su impulso. «Todo eso es lo que queremos hacer con el Reglamento del Taxi, donde intentaremos incluir todas las demandas que nos planteen», ha apuntado el Consejero, que invita a los taxistas enviar sus propuestas y reunirse esta misma semana.
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