La «ley adoctrinadora» de Sánchez generará en Madrid un agujero de 50 millones en libros de texto

Madrid tendrá que destinar más del doble de lo que dedica ahora a mantener la gratuidad de los manuales

La nueva ley educativa impulsada por el Ministerio de Pilar Alegría está trayendo más de un quebradero de cabeza a la Comunidad de Madrid, que se resiste a aplicar una ley «adoctrinadora» y con «alta carga ideológica» con la que considera que los alumnos no van a aprender todo lo que sería deseable. Pero, más allá de los contenidos, la Lomloe, conocida popularmente como «Ley Celáa», creará un agujero importante a las comunidades autónomas que tendrán que hacer un gran desembolso económico para renovar los manuales conforme a los nuevos currículos y así poder aplicar sus programas de gratuidad de libros de texto.

En comunidades autónomas como Andalucía, los editores de libros ya se han quejado de que el próximo curso, en que entran en vigor la reforma en los cursos impares, los alumnos van a seguir manteniendo los libros antiguos, conforme a la antigua Lomce o «ley Wert», ante la imposibilidad de llegar a tiempo para desarrollar los nuevos contenidos, a lo que hay que sumar el importante desembolso que supondría la renovación. Murcia solo cambiará los manuales en algunos cursos. Pero no es el caso de Madrid, que considera que los alumnos madrileños deben estudiar con el nuevo material escolar. Sin embargo, cumplir con la ley supondría un desembolso de 50 millones de euros para hacer frente al programa de gratuidad que en la Comunidad recibe el nombre de «Accede», del que pueden beneficiarse todos los alumnos que lo deseen y que estudien en centros sostenidos con fondos públicos independientemente de su nivel de renta. La cantidad supone más del doble de lo que destina la Comunidad de Madrid a este fin y que anualmente supone un desembolso de 20 millones de euros aproximadamente, según confirmó el consejero de Educación, Universidades y Portavoz, Enrique Ossorio ayer, tras presentar el recurso que la Comunidad presentará en el Tribunal Constitucional contra la «Ley Celaá».

Esto permitiría que, a partir de septiembre, los alumnos de los cursos 1.º, 3.º y 5.º de Educación Primaria; 1.º y 3.º de la ESO; 1.º de Bachillerato y 1.º de FP Básica puedan disponer de nuevos manuales. Aunque está por ver si finalmente esto es así después de que desde Sol se haya pedido al Tribunal Supremo como medida cautelar que se sigan utilizando los libros de texto antiguos hasta obtener una respuesta definitiva del recurso que ha planteado, cosa que puede tardar un año en resolverse.

Mientras, la preocupación de la Comunidad de Madrid por los nuevos contenidos ha llevado al consejero Enrique Ossorio a reunirse con el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), José Moyano, al constatar que las pruebas que han llegado a los institutos de los nuevos libros de texto no incluyen los contenidos regulados por la Comunidad de Madrid todavía (40%), entre otras cosas porque los cambios introducidos no han acabado su tramitación.

Ossorio pidió «prudencia» a los editores a la hora de elaborar los contenidos. «Estamos acabando los currículos y la parte autonómica debe estar en los libros que se editen», dijo el consejero poco antes de entrar a la reunión. «El objetivo es conseguir unos libros con conocimientos y sin doctrina», sentenció.

Los editores, por su parte, quisieron hacer ayer un llamamiento a la calma después de los contenidos que se han conocido en los últimos días de algunos manuales y que han provocado que en Sol se enciendan las alarmas. «Son prototipos que están sujetos a cambios, se han elaborado tomando como referencia los desarrollos curriculares establecidos en los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas y no incluyen los desarrollos curriculares autonómicos», explicaron. No obstante, se han comprometido a desarrollar contenidos de calidad, con rigor científico y conformes a la Constitución, aunque han urgido a las autonomías a hacer libros «más definitivos» pese a que «las editoriales está haciendo enormes esfuerzos». Mientras, la ministra urgió a Ayuso desde Almería a «hacer sus deberes» y dejar de «generar ruido».