Ayuso revisará cada cinco años la financiación a las universidades

La Ley de Universidades madrileña, que se prevé que reciba el visto bueno de la Asamblea antes de que concluya el año, ya está en marcha. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha presentado hoy el borrador de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades a los rectores de las seis universidades públicas madrileñas «con el objetivo de recabar sus opiniones y trabajar de manera conjunta en el texto definitivo».

De momento, la nueva norma atiende una de las solicitudes de los rectores: un sistema de financiación de las universidades públicas plurianual revisable cada cinco años. Así, los campus contarían con una financiación básica y la posibilidad de recibir tanto inversiones para necesidades singulares, como una financiación adicional cuyo importe estaría en función del cumplimiento de determinados objetivos estratégicos en materia docente, investigadora o de competitividad, tal y como detalló la Consejería.

Las universidades estarán sometidas al régimen de auditoría pública y tendrán que elaborar un régimen de control interno.

Hace poco más de mes y medio, las universidades de la Comunidad de Madrid tendían la mano al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para negociar de forma conjunta la Ley de Universidades madrileña. «Estamos en riesgo y la dificultad es mantenernos (económicamente)», alertaban. Y más después de que aplicar la nueva ley de Universidades del Gobierno central tendrá un sobrecoste en la Comunidad de cien millones de euros.

No obstante, Ayer, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, reclamaba «ver números» y conocer exactamente lo que significa que las universidades tengan «suficiencia financiera». «Necesitamos, cuanto antes, un documento más amplio y más desarrollado, con propuestas claras de financiación, entre otras muchas cosas. Si se quiere aprobar la ley este año, hay una cierta urgencia», manifestó a LA RAZÓN.

Por otra parte, la norma contempla la constitución de un distrito único de prácticas «para facilitar y asegurar la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos a la hora de acceder a una plaza», también en el caso de las enseñanzas superiores de la rama sanitaria después de la polémica surgida por la falta de plazas y de que sea necesario dar de alta a un becario en la Seguridad Social, con la nueva legislación del Gobierno Central.

Ahora quedará también plasmado por ley qué nivel acreditado de español se debe tener para estudiar un grado en alguna de las universidades españolas después de la «avalancha» de estudiantes chinos en los últimos años, por poner algunos ejemplos, que no siempre tenían dominio del idioma. Así, se exigirá un nivel B2 de español para cursar estudios de grado, y un C1 cuando se trate de estudios de máster y programas de doctorado.

No obstante, lo que se pretende es que Madrid se consolide como la capital mundial de los estudios superiores en español y garantizar una internacionalización de calidad, ya que es una de las opciones de supervivencia de las universidades españolas ante el envejecimiento de la población y la falta de alumnos que puede haber en los próximos años.

El borrador propone constituir un único Consejo de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid, que incluya el hasta ahora Consejo Universitario, y el Consejo de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Madrid, así como las enseñanzas superiores (FP, artísticas y deportivas), que deberá reunirse, al menos, una vez al año.

La ley de universidades madrileña será la norma más ambiciosa de todas las que pondrá en marcha la Consejería. Incluye, por primera vez, en la ley regional todas las enseñanzas superiores (artísticas, deportivas y FP superior), así como la ciencia y la investigación. «Universidad y Ciencia son inseparables; el presente y futuro de la Universidad, en España y el mundo, van ligados a las enseñanzas superiores, especialmente la FP. Por tanto esta norma no debería nacer obsoleta, sino afrontar la realidad que encuentra y la que viene», manifestó Viciana tras la reunión de trabajo celebrada en la sede de Educación.

Desde la Consejería aseguran que la futura ley pretende dar respuesta a grandes desafíos como la internacionalización de la universidad, su financiación, la actualización del sistema de investigación y ciencia, la conexión entre FP y la Universidad, el reconocimiento de las universidades privadas y las escuelas de negocios, la defensa de la libertad y pluralidad o el lugar las enseñanzas artísticas y deportivas. «Tendremos una enseñanza superior a la altura de los tiempos, que en Madrid esté al servicio de España y seamos la capital de los estudios superiores en español», ha destacado Viciana, que también ha recordado que «debemos afrontar la implantación de la polémica Ley Orgánica del Sistema Universitario, salvaguardando lo mejor de nuestro sistema y yendo más allá, dentro de nuestras competencias, de la muy deficiente ley nacional».

La idea es que la nueva norma pretende ser resultado del máximo consenso con la comunidad educativa. «Vamos a dialogar con los distintos actores implicados, como la Conferencia de Rectores de Universidades Privadas de Madrid, los Consejos Sociales o el Consejo de la Formación Profesional, para que puedan hacer sus aportaciones», sentenció Viciana.