Insumisión del Ayuntamiento de Parla con la tasa de basuras de Pedro Sánchez

El Ayuntamiento de Parla ha avanzado que la tasa por recogida y reciclaje de residuos sólidos urbanos, que fue aprobada 'in extremis' la semana pasada en un polémico Pleno municipal gracias a la ruptura del grupo de Podemos-IU, "no se repercutirá a los hogares hasta el próximo año 2026".

Así lo ha anunciado el concejal de Hacienda, Andrés Correa Barbado (PSOE), quien ha insistido en que "se trata de una tasa que no tiene afán recaudatorio", ya que "únicamente cubrirá el coste de recogida de residuos y el posterior tratamiento de los mismos", tal y como se venía haciendo hasta ahora sin esta tasa.

"La propuesta del Gobierno municipal se realiza además teniendo muy en cuenta la situación de las personas y las familias más vulnerables de Parla, por lo que contempla importantes reducciones de hasta el 90% y bonificaciones por buenas prácticas", ha añadido Correa. Un impuesto este de basuras, impulsado por Moncloa, y contra el que han reaccionado numerosos ayuntamientos.

La aprobación de la tasa, obligatoria en todos los ayuntamientos de España desde este año 2025, estaba en duda después de que la portavoz de Podemos-IU, Carla E. Valero, ya instara en junio pasado al Gobierno local, gobernado por PSOE y Más Madrid, a atender a las alegaciones vecinales para que sea más "justa y proporcional".

Tras la negativa del Ejecutivo local a introducir modificaciones, Valero, edil de Podemos, que comparte grupo con otro edil de IU, Álvaro Gómez, había advertido de su voto en contra, después de abstenerse en junio, aunque no contaba con la ruptura de voto de su compañero de IU.

Finalmente, la tasa salió adelante gracias a los apoyos de PSOE y Más Madrid y pese al voto en contra de PP, Vox y la portavoz de Podemos-IU, Carla E. Valero, ya que el otro edil de esta última coalición, de IU, se acabó absteniendo provocando un empate a 13 votos, deshecho por el voto de calidad del el alcalde, Ramón Jurado (PSOE).

Aún así, el edil de Hacienda ha explicado que "no se repercutirá a los hogares hasta el próximo año 2026", además de que será una tasa con una media anual de las más bajas de entre las grandes ciudades de la región, con un promedio, para una vivienda de 75 m2 y cuatro personas en la unidad familiar, de unos 107,4 euros al año.

Además, se incluirán desde el próximo año bonificaciones de un 10% sobre la cuota en atención a buenas prácticas como la utilización de los puntos limpios (por acudir seis veces al año al punto limpio) o la recogida de restos vegetales de poda (por llevar seis m3/año).

La ordenanza fiscal diferencia además entre usos residenciales y otros usos catastrales, estableciendo una cuota fija relacionada con los costes fijos derivados de la prestación del servicio (en todo caso 84 euros), a la que se añade una cuota variable en función de parámetros de carácter objetivo.