La Ley trans que quiere aplicar a Ayuso eliminará las cirugías a menores

A menos de cien días de las elecciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado respuesta a dos cuestiones sobre las que Vox ha venido preguntando repetidamente: primera de todas, que no hay ningún menor en la Comunidad de Madrid al que se le haya aplicado una cirugía para cambiar de sexo; segunda, que derogará la Ley trans de su antecesora en el cargo. Pero ya para la próxima legislatura.

Ayuso se ha comprometido en la Asamblea a abrir el debate y apoyar la derogación de la norma elaborando otra que, al estilo de lo que se ha hecho con la ley de Educación (Ley Maestra), sirva para poner freno a la ley estatal. Aunque reprochó a Vox, durante la sesión de control al Gobierno, que la iniciativa «llega tarde» porque no dará tiempo a que se tramite antes de las elecciones habida cuenta de que el último pleno de la legislatura es el 23 de marzo. Por eso anunció que la próxima legislatura será el PP quien elimine esta ley y la modifique «por una más sensata».

La presidenta regional habló de las reasignaciones de cambio de sexo como «una moda agresiva e impositiva» que «se está fomentando en las plataformas audiovisuales y en decenas de programas de televisión», más que con una cuestión relacionada con leyes. ¿Pero cuál es la ley trans que quiere Ayuso? La diputada popular Elisa Vigil, detalló durante su intervención durante el debate de la toma en consideración de la iniciativa de Vox las líneas básicas de la nueva regulación que será «un marco de cauce para las personas trans, pero que no desproteja a las mujeres ni a los menores» que se resume en siete puntos:

• Se suprimirá la llamada autodeterminación de género, que «es la peor forma de defender la igualdad».
• No se aplicarán cirugías a menores; se eliminarán los puntos que se consideran que atentan contra la mujer y su esencia «contra su participación en igualdad efectiva tanto en la vida profesional, personal, artística o deportiva»;
• Se reforzará el acompañamiento «constante y serio» de profesionales desde la formación de equipos multidisciplinares, en unidades o centros de atención especializados.
• Se suprimirán aquellas previsiones normativas que puedan inducir al adoctrinamiento.
• Los documentos regionales, cuya responsabilidad corresponda emitir o facilitar a la Administración autonómica, se harán no por autodeterminación, sino por lo que diga el Registro civil o el DNI.
• Y, teniendo como referente el artículo 24 de la Constitución, «se suprimirá todo artículo o apartado que suponga la inversión de la carga de la prueba».