Madrid ha vivido una semana política marcada por el debate sobre la vivienda. El problema ha concentrado la atención tanto en el Debate del Estado de la Ciudad como en el Debate del Estado de la Región. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida situó el acceso a un piso de alquiler en Madrid en el centro de su intervención y aprovechó para lanzarle un dardo al presidente del Gobierno por sus promesas incumplidas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio un paso más al anunciar un paquete de 15 medidas en vivienda, además de una batería de iniciativas en todas las áreas de gobierno. «Madrid es la que cuenta con más vivienda protegida de toda España», le espetó a la oposición.

La respuesta vino de parte del portavoz del Grupo Popular, Carlos Díaz-Pache, que enumeró las viviendas para las prostitutas relacionadas con el ex ministro Ábalos, la de la ministra Mónica García o las de los dirigentes de Podemos.

A menos de dos años para las elecciones autonómicas y municipales, la vivienda se ha consolidado como la prioridad política. Madrid presume de liderar la vivienda protegida frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, con 30.000 pisos de alquiler asequible y 10.000 viviendas para la compra en desarrollo. El Plan de Choque presentado por Ayuso hasta final de su mandato añade 15.000 nuevos pisos asequibles, amplía el Plan Vive hasta los 5.500 y añade 4.500 viviendas para compra. Además, los pensionistas no contributivos sin vivienda propia recibirán una ayuda de 525 euros para el pago del alquiler. El Ayuntamiento ha finalizado 1.072 pisos, tiene 6.200 en ejecución y ha cedido 25 parcelas para 2.134 viviendas más.

Ayuso y Almeida han dejado claro que seguirán avanzando para resolver el principal problema de los ciudadanos. «No se resolverá mañana, pero a lo largo de estos años hemos desarrollado suelo apto para construir 90.000 viviendas en la ciudad de Madrid» y «estamos desarrollando instrumentos urbanísticos que permitirán el desbloqueo de 80.000», explicó el alcalde.

En su primera intervención en Cibeles tras su baja por paternidad, marcó distancias con el presidente del Gobierno. «Nosotros no mentimos a los madrileños, no damos cifras falsas», dijo, en alusión a los anuncios huecos de Sánchez. El presidente del Gobierno prometió la construcción de 20.000 viviendas sociales, se comprometió con un plan de 100.000 pisos de alquiler asequible y a movilizar hasta 183.000 de la Sareb, un anuncio que el propio Ejecutivo ha ido reduciendo.

Isabel Díaz Ayuso ha querido mostrar a Madrid como el contrapunto de ese fracaso. En la Cámara de Vallecas ha presentado un plan con 15 medidas, entre ellas, una nueva Ley del Suelo para ampliar la vivienda protegida asequible con menos trámites para facilitar la disponibilidad de terrenos destinados a vivienda. El alcalde destacó esta semana que la capital ya dispone de 9.400 viviendas públicas de alquiler, el mayor parque de toda España. La cifra refuerza la apuesta en vivienda asequible de Ayuso y sitúa a la región como referente frente a las promesas de Sánchez. Así al menos lo quisieron escenificar los líderes madrileños en la semana en la que Moncloa parece haber querido contraprogramar su protagonismo.

El Gobierno ha anunciado la creación de un portal público gestionado por SEPES, la entidad pública empresarial del suelo, mediante el cual los ciudadanos podrán consultar, solicitar y gestionar contratos de viviendas de alquiler asequible. La medida, según informó este periódico, forma parte de un plan que busca movilizar 100.000 viviendas, reducir la carga económica del alquiler y reforzar la vivienda pública en las zonas con precios más elevados.

En Madrid no sólo dudan de las iniciativas de Sánchez, sino que ponen como ejemplo sus promesas incumplidas para desafiarlo. Ayuso presentó un plan integral para la vivienda que incluye desbloqueo de suelo, agilización de licencias y aumento de la oferta de pisos de alquiler asequible en colaboración con el sector privado.

La presidenta avanzó una rebaja fiscal para jóvenes que estudian y trabajan, un alivio en los costes de emancipación que conecta la política tributaria de éxito en Madrid con la política de vivienda. También abordó el debate energético al defender la necesidad de la energía nuclear como pieza clave en el futuro económico. La dirigente popular ha propuesto que Madrid se convierta en «laboratorio de innovación nuclear», coincidiendo con la recepción de dos proyectos para el desmantelamiento de la central de Alcaraz.

Varias compañías del sector han advertido de que la desaparición de la central podría comprometer la seguridad del suministro y encarecer la electricidad en la semana en la que las compañías eléctricas han presentado los mapas del colapso en la red española.

Mientras el debate se encendía en la Asamblea, la sanidad preparaba un nuevo frente al Gobierno de Sánchez. El sindicato Amyts ha anunciado una huelga para octubre contra la ministra de Sanidad, Mónica García, presente ayer en la Cámara de Vallecas.

Bajo el lema «sin médicos no hay sanidad», el sindicato busca visibilizar la necesidad de reforzar la plantilla en hospitales y centros de salud y responsabiliza a la ministra de no ofrecer soluciones. Desde la Puerta del Sol acusan a García de utilizar el Ministerio como plataforma política, mientras defienden la inversión autonómica para reforzar la red sanitaria. La situación en Gaza opacó durante la última jornada el debate en Vallecas. La confrontación alcanzó niveles de alta tensión. La oposición acusó a la presidenta de defender lo que califican de «genocidio» en Gaza y Ayuso puso a la izquierda frente al espejo. «El pañuelo palestino no es feminismo, no es LGTBI. Les animo a pasear unos días por Gaza y otros por Tel Aviv y que me cuenten, homosexuales, transexuales y mujeres, cómo se han encontrado en un sitio y cómo se han encontrado en el otro». El choque con la oposición venía precedido por la llegada de la Vuelta Ciclista a España a la capital. El alcalde anunció un dispositivo extraordinario de seguridad y aseguró: «Tolerancia cero contra los disturbios». La ciudad quiere proyectar al mundo una imagen segura y ordenada, capaz de organizar grandes eventos deportivos. Almeida ha pedido al delegado de Moncloa en Madrid que «no titubee» con quienes busquen «reventar» la Vuelta después de que el delegado cargara contra aquellos políticos que están “preocupados por la imagen” que da España al mundo con estas protestas. 1.500 policías y guardias civiles están preparados para garantizar mañana la seguridad ante las protestas palestinas.