Madrid exige la reagrupación de 58 menores extranjeros con dificultades de adaptación

La Comunidad de Madrid ha urgido al delegado del Gobierno en Madrid a que actúe y agilice los trámites de reagrupación familiar de los menores extranjeros no acompañados que están bajo tutela de la Comunidad y presentan graves dificultades de adaptación.

La petición ha sido trasladada por carta por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. En ella expone que, desde el pasado mes de abril, la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia ha enviado 58 solicitudes de reagrupación familiar conforme a la normativa vigente. «Estas actuaciones, guiadas siempre por el interés superior del menor, pretenden garantizar su protección, prevenir situaciones de trata o consumo de drogas y preservar el bienestar del resto de jóvenes acogidos y de los profesionales que los atienden», justifica la Comunidad.

Sin embargo, la consejera lamenta que los procedimientos sigan «paralizados desde hace más de seis meses, sin que esta Comunidad haya recibido información ni explicación alguna sobre su tramitación».

Dávila recuerda que la única actuación conocida por parte de la Delegación se limitó a un requerimiento «impertinente» a la Consejería, que incluía «la solicitud de información que, como se le explicó expresamente, corresponde recabar al propio Gobierno de España en el ejercicio de sus competencias exclusivas o que ya consta en otros órganos ministeriales. Esta Administración respondió con precisión, aportando en tiempo y forma toda la información que estaba a su alcance».

No obstante, la consejera lamenta que, desde entonces, no haya tenido noticia alguna ni se haya producido actuación «efectiva» que permita avanzar en el proceso de reagrupación de estos menores con sus padres.

Dávila considera «inadmisible» que, mientras la Comunidad de Madrid ha atendido desde 2018 a más de 11.000 menores extranjeros no acompañados (1.532 solo en lo que va de año), el Gobierno de España «no solo no haya iniciado ninguno de oficio, sino que además mantenga inactivos expedientes plenamente fundamentados por informes técnicos que tienen por objeto hacer efectiva la reunificación del menor con su familia o con su entorno de origen, al resultar favorable para su desarrollo personal y social». En la misiva recuerda que los perfiles de menores que llegan a los centros de acogida de la Comunidad son cada vez «más complejos, con conductas más disruptivas y serias dificultades de adaptación e integración». Por ello, recalca que «la Comunidad de Madrid no puede ni debe asumir una responsabilidad que corresponde legalmente al Gobierno de España».

En la carta, Dávila insta a agilizar la tramitación de los expedientes, a comunicar de inmediato su estado y a establecer una coordinación efectiva con esta Consejería, además de reforzar la vigilancia exterior de los centros para garantizar la seguridad de los propios residentes y del resto de ciudadanos. Y lanza una advertencia: «Si la inacción persiste y llegaran a producirse incidentes graves, la responsabilidad recaerá en la Administración competente por haber desatendido sus obligaciones».