Madrid rompe con la ministra Morant por la financiación universitaria

Madrid da portazo a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Le ha comunicado por carta que no participará en la comisión de trabajo encargada de determinar cómo cumplir el objetivo fijado por la Ley de Universidades estatal: destinar el 1% del PIB a la financiación universitaria.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades madrileño, Emilio Viciana, considera que este porcentaje es «un indeterminado jurídico ajeno por completo a la realidad financiera de las comunidades autónomas y de nuestras universidades públicas», según expone en la misiva.

Uno de los argumentos que esgrime es que recientemente Antonio Arias y Julio Martínez analizaron el capítulo de la LOSU en una publicación y lo definieron como «un contenido impropio de un texto legislativo (si acaso de un Preámbulo o Exposición de Motivos), carente de carácter regulatorio y de imposible aplicación práctica». Viciana añade que esta forma de financiación recogida en la LOSU, «basada en un porcentaje aleatorio del PIB, no aporta información real sobre las necesidades efectivas de nuestras universidades, su tamaño, el mantenimiento de sus instalaciones ni su gasto corriente».

El consejero abunda en el argumento: «El PIB no refleja lo que una administración invierte o debe invertir en sus universidades, sus colegios o sus hospitales. Esto se mide a través del esfuerzo presupuestario. La Comunidad de Madrid lleva años destinando más del 4% de sus Presupuestos Generales a las universidades públicas. Y todo ello teniendo en cuenta que acogemos en nuestros campus a casi el 20% de los estudiantes de toda España, mientras que Madrid representa el 14% de la población total; otra realidad que tampoco refleja el PIB».

Viciana denuncia la deficiente financiación de las comunidades autónomas, lo que condiciona sus presupuestos. Sin embargo, sostiene que «el Gobierno central solo parece dispuesto a reformar para contentar a separatistas y otros socios sin los cuales no podría mantenerse en el poder». Madrid no ve posible alcanzar una inversión del 1% del PIB en 2030, ya que ello implicaría un gasto anual superior a los 3.000 millones de euros: 2.000 millones más que en 2024 y casi 1.000 millones más que el presupuesto total de las seis universidades públicas, sin tener en cuenta la inflación.

Además, señala que la memoria de la LOSU estimaba este coste entre 236,6 millones y un máximo de 797,2 millones para toda España, una cifra que califica de «arbitraria e irreal y que solo busca hipotecar de nuevo a las autonomías». «No vamos a contribuir a que el Gobierno central siga imponiendo cargas mal calculadas y puramente ideológicas», concluye.

La comisión en cuestión se ha reunido solo dos veces en dos años para tratar de ver cómo conseguir el 1% de financiación de las universidades públicas españolas.