La ciudad de Madrid aspira a salir del "limbo" legal en el que se encontraba respecto a sus terrazas gracias a la aprobación de una nueva ordenanza que esperan que sea definitiva. Y es que la situación era, desde un punto de vista jurídico, rocambolesca. Este mismo año, el Supremo tumbaba la modificación de la ordenanza, aprobada en Cibeles en 2022, de tal forma que el Ayuntamiento tenía que regresar a la casilla de salida: la normativa de 2013 que, curiosamente, era menos restrictiva con los horarios. El tribunal daba así por buenos los argumentos del recurrente, el PSOE: la ordenanza carecía de informes de impacto presupuestario e impacto ambiental.

Como ha explicado la vicealcaldesa Inma Sanz, con la aprobación del proyecto inicial en la Junta de Gobierno de esta semana se busca establecer un régimen jurídico completo y sistemático que regule la actividad de las más de 6.000 terrazas y más de 50 quioscos de hostelería y restauración que hay en Madrid, así como todas las autorizaciones posteriores. Para ello, se ha asumido la "estructura" de la ordenanza de terrazas de 2013, pero incorporando los contenidos esenciales de la modificación de 2022 "sobre todo los demandados por los madrileños en la consulta pública de 2024, así como los pronunciamientos de la Comisión de Terrazas". En total, el nuevo texto constará de 66 artículos, estructurados en siete títulos y cinco anexos técnicos.

Horarios

El régimen de horarios del nuevo texto se mantiene, incluyendo las restricciones ya incorporadas en 2022 y que recoge la normativa autonómica: los fines de semana y vísperas de festivo en el periodo estacional (marzo a octubre) podrán abrir hasta la 1:30, mientras que el resto de día será hasta la 1:00. El resto del año (fuera del periodo estacional) podrán abrir sólo hasta las 00:00 horas, salvo los casos en que haya horarios especiales más reducidos.

Sanciones

Se mantiene el importe de las sanciones: desde los 750 hasta los 3.000 euros. Con todo, se incrementará la gravedad de algunas y se incorpora la posibilidad de extinguir autorizaciones en el caso de reincidencia. Y es que una de las cuestiones que más han venido demandando los ciudadanos es que el Ayuntamiento pueda reaccionar ante el incumplimiento de la actividad.

Descanso vecinal

La intención del Ayuntamiento es conciliar la ocupación del espacio público con el disfrute de estos lugares de ocio, esparcimiento y encuentro social con el derecho al descanso y un uso ordenado de la ciudad, respetuoso con el medio ambiente, el patrimonio y la accesibilidad universal. Todo ello sin olvidar que hablamos de un sector muy dinámico en la capital como es el de la hostelería.

Zonas saturadas

El texto favorecerá la tramitación de las "ordenaciones conjuntas", que son las que regulan las "zonas saturadas por terrazas" o aquellos espacios que requieran una especial consideración por sus valores históricos o paisajísticos o porque hayan sido reconfigurados. Dichos estudios ser´n propuestos por las juntas municipales de distrito, con la participación reforzada de los vecinos, de las áreas implicadas y del sector, de modo que formulen propuestas conjuntas que sean aprobadas por la Comisión de Terrazas.

Trámites

El nuevo texto contiene una definición detallada de los tipos de suelo en los que los establecimientos podrán instalar terrazas. Del mismo modo, describe las características esenciales de sus elementos fijos (como las estructuras ligeras) y mobiliario. Por otro lado, se incluyen las características de la autorización, así como el procedimiento de solicitud y tramitación. Para ello, se han reducido cargas administrativas que ya no son necesarias y se procura simultanear trámites, evitando exigir cierta documentación o información de la que ya dispone el Ayuntamiento.

Plazos

Tras la aprobación inicial por parte de la Junta de Gobierno, se va a abrir un periodo de alegaciones para todos los ciudadanos y entidades, que durará hasta el 10 de septiembre. Una vez finalizado ese periodo y tras estudiar las alegaciones y darles respuesta, el texto se someterá al visto bueno definitivo por parte de la Junta de Gobierno para su futura aprobación por el Pleno municipal.