La Universidad Complutense niega que haya ilegalidades en la cátedra de Begoña Gómez

En la Universidad Complutense hay tranquilidad con el caso Begoña Gómez. «No hay nada», aseguran, que pueda ser susceptible de alguna irregularidad. El rector, Joaquín Goyache, está dispuesto a acudir a dar explicaciones en la Asamblea de Madrid, si es requerido en la comisión de investigación que ha impulsado el PP, un supuesto que podría ocurrir en octubre próximo, hasta que se cumplimente el trámite de creación.

Mientras, desde la Universidad Complutense (UCM), ya recopilan toda la documentación necesaria para demostrar que no ha habido ilegalidades en el funcionamiento de los programas de cátedras.

Para empezar, en el caso de la Cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, la dirigida por Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, la UCM ha aclarado que el convenio de creación de la misma no se firmó con Begoña Gómez, sino con las dos empresas encargadas de su financiación: Reale Seguros y La Caixa. En concreto, la primera se comprometía a aportar 60.000 euros en un pago único, mientras que la segunda abonaría 15.000 euros anuales, según figura en el convenio al que ha accedido LA RAZÓN. Se trataría de un procedimiento ordinario en el ámbito de la colaboración público-privada.

La UCM también aclara que no fue el rector, Joaquín Goyache, quien nombró directora de la cátedra a Begoña Gómez, sino que su nombre fue propuesto por una comisión de seguimiento formada por las empresas que la financiaban y dos miembros de la universidad (el vicerrector de Relaciones Institucionales y una representante de la Escuela de Gobierno de la UCM) el 30 de octubre de 2020.

«En estos casos, el rector toma en consideración la propuesta que ha elevado la Comisión mixta y normalmente la suele aprobar, es un trámite», puntualizan desde la Complutense.

El nombramiento de Gómez se ajustaría a la legalidad en la medida en que el artículo 13 del Reglamento de la UCM expone sobre la dirección de las cátedras extraordinarias que los directores pueden ser o bien un profesor o personal de administración vinculado a la universidad, nombrado por el rector, a propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento, que guarde relación con la actividad que se quiere desarrollar. Aunque puntualiza que «preferentemente, responderá a un perfil de prestigio profesional, técnico y científico reconocido en el ámbito sobre el que versa la cátedra. No obstante, también contempla que «el rector, excepcionalmente y por causas justificadas, podrá designar como director de la cátedra a alguien sin vinculación laboral con la universidad. En este caso, se designará un codirector con vinculación laboral con la UCM que estará sometido al mismo régimen que el/la director/a». Así, el nombramiento de Begoña Gómez se acogería a esta excepción que contempla el Reglamento. La cátedra tenía entre sus funciones «la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico, así como la difusión del conocimiento y la cultura».

La Complutense también ha especificado que, para la dirección de este tipo de cátedras extraordinarias no es preciso reunir ningún requisito académico concreto, como ser catedrático o doctor.

Software de la universidad

En relación a otras cuestiones que han salido a la luz pública en los últimos días, como el registro a nombre de Begoña Gómez de un software de sostenibilidad que originalmente pertenecía a la UCM y que la esposa del presidente supuestamente registró en la Oficina de Patentes, la universidad ha aclarado que es la propietaria de la plataforma. La cátedra que dirigía Begoña Gómez sería, en este caso, «el destinatario del uso material del servicio adjudicado, y no resultando posible un hipotético uso individualizado o particular de dicho objeto por parte de terceros».

La universidad asegura que a fecha de hoy no le consta que la plataforma haya tenido un uso o finalidad distinta a la «normativamente prevista y licitada ni que existan otras actuaciones que menoscaben los intereses públicos de la universidad». No obstante, ha asegurado que ha iniciado «aquellas acciones que ha entendido oportunas en relación con los órganos competentes ajenos a la misma con el fin de adquirir plena certeza de las consecuencias expuestas».

El Portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, ayer defendió la creación de una comisión en la Asamblea relacionada con Begoña Gómez para «depurar responsabilidades políticas» o «tratos de favor o quebranto económico» porque «Estamos hablando de una universidad pública madrileña que está financiada con los impuestos de todos los ciudadanos».