La certificación forestal, una herramienta para asegurar bosques sanos

En España hay actualmente más 613.768 hectáreas de monte certificado FSC, 36 titulares de certificados de Gestión Forestal y 1.477 empresas certificadas con cadena de custodia, y en 2022 su incremento en hectáreas certificadas ha sido del 38%. Es el balance del trabajo 20 años de la sección española de FSC (Consejo de Gestión Forestal, en sus siglas en inglés), entidad sin ánimo de lucro que promueve la gestión forestal sostenible de acuerdo con exigentes estándares ambientales y sociales.

Los bosques, por sí mismos, ya son ecosistemas fundamentales para el buen funcionamiento general de los sistemas naturales, por la biodiversidad que acogen y los servicios ambientales que realizan, como mitigar impactos negativos como el cambio climático o la contaminación del agua y del aire. Además, son espacios naturales de interés cultural y paisajístico.

A todo ello hay que sumar el hecho de que contienen gran diversidad de productos maderables y no maderables que entran en la cadena económica. Como explica Gonzalo Anguita, director ejecutivo de FSC-España, «los bosques son productores de recursos y materiales que promueven la economía circular, el desarrollo local y la descarbonización de nuestra economía. Pero, sobre todo, son fuente de salud y de vida, pues proporcionan beneficios esenciales insustituibles como son la disponibilidad de agua y de suelo, la biodiversidad animal y vegetal que albergan y la captación de CO2, que es necesario proteger a través de una selvicultura responsable».

Beneficios a varias bandas

Desde el punto de vista ambiental, la gestión forestal certificada conlleva la identificación y protección de áreas con altos valores de conservación, que dota a las masas forestales de más resistencia a los efectos del cambio climático.

Los superficie forestal certificada FSC en España es de titularidad pública y privada, en similar porcentaje. Es una opción voluntaria que, en todo caso, promueven las estrategias y planes forestales de las administraciones públicas tanto de ámbito nacional como autonómico, como sistema de verificación reconocido y necesario para que el marco general de gestión forestal sea más riguroso e impulse la creación de un mercado de productos de origen forestal sostenible y adecuadamente identificado.

Esa voluntariedad del compromiso con la gestión sostenible los tiene gran relevancia. Implica cumplir los estándares de gestión de FSC, que son exigentes y rigurosos ambiental y socialmente y los acredita una entidad certificadora externa e independiente tras una auditoría de verificación. Esta confirma que están acordes con los 202 indicadores que definen a un bosque con certificado FSC y que responden a los 10 principios de la organización. Entre ellos están el cumplimiento

de las leyes, el respeto a los derechos de los trabajadores y sus condiciones de empleo, la integración de las comunidades locales, el mantenimiento, mejora y restauración de los bosques, etc.

Todos ellos, que entran dentro de la lógica más evidente en términos de conservación ambiental y sostenibilidad social y económica, se aplican todos los países y regiones en las que opera FSC. Pero, la deforestación, la tala ilegal y la conversión de superficie forestal para otras actividades son una lacra todavía en no pocos países; en esos casos, la certificación es una herramienta de lucha contra ellas.

FSC en España y el mundo

En España, la adhesión al sistema FSC implica que los propietarios de esos bosques contribuyen a la conservación tanto de los espacios forestales como de la biodiversidad y los servicios ambientales que prestan, así como a evitar su degradación. La etiqueta FSC que identifica los productos procedentes de bosques sostenibles, .-además de madera, hay también corcho, resina, frutos, miel, plantas aromáticas, etc.-, permite a los consumidores reconocerlos y ejercer su derecho al consumo informado y responsable. Y, además, los revaloriza económica y socialmente.

Los propietarios que acceden a la certificación FSC en España cumplen voluntariamente con un requisito que va más allá de las obligaciones marcadas por la ley, puesto que la entidad les obliga a elaborar un exigente «Plan de Gestión de sus propiedades que recoja los recursos, objetivos y procedimientos a realizar, y que esté claramente enfocado mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin producir daños a otros ecosistemas».

El lema de este año en el Día Internacional de los Bosques, el 21 de abril, ‘Bosques y Salud’. Con tan solo tres palabras recuerda «la relación directa que existe entre los bosques y nuestra salud ambiental, económica y social, como productores de recursos económicos, generadores de desarrollo local y bienestar social; y como fuente de servicios ecosistémicos o beneficios ambientales, necesarios para la vida humana».