Nuestra red de distribución hace aguas

La creciente escasez de agua obliga a una mejora en su gestión. Nuestro país se enfrenta en estos instantes a una preocupante situación de sequía que dificulta el acceso regular a fuentes naturales de agua. Este riesgo, conocido típicamente en algunas regiones del sur y este del país, se extiende cada vez más al resto de la geografía nacional.

Y todo ello a pesar de que España cuenta con más de 155.000 Km de redes de distribución para su abastecimiento, más de 140.000 km de alcantarillado, cientos de estaciones de tratamiento de agua potable y de depuración de aguas residuales, desaladoras, estaciones de bombeo y más de 1.200 grandes presas. Con esas infraestructuras, es posible abastecer más de 4.000 hm3 de agua al año para uso urbano. Sin embargo, gran parte de la infraestructura data de la década de los años 60, con lo que las tuberías de abastecimiento, en muchos casos, tienen una edad superior a los 50 años.

Según lo indicado, el despliegue que en su día se hizo de las infraestructuras requiere de una renovación y mantenimiento apropiados, más cuando vemos que cada año se pierden en nuestro país más de 700.000 millones de litros de agua por averías y deterioro de las tuberías, lo que supone el 20% de la cantidad de agua almacenada en nuestro territorio. Los cortes de agua que se producen en algunas poblaciones, son un claro indicador del estado deficiente de la red de abastecimiento.

Cada año se pierden más de 700.000 millones de litros de agua por averías y deterioro de tuberías

Los expertos alertan de que efectivamente existen fugas que suponen una pérdida anual de 652 hectómetros cúbicos de agua, y consideran que sufrimos una grave falta de inversión en infraestructuras. Los sistemas de abastecimiento y renovación de las infraestructuras hidráulicas son competencia de los ayuntamientos, de manera que muchos de los servicios son subcontratados, lo que impide tener un mayor control por parte de la administración.

Inversiones y escasez de costes

Una de las realidades es que el Gobierno ha dejado de invertir un tercio del presupuesto destinado al agua en un momento de plena crisis que se ha agravado por la grave sequía. Ya el pasado año 2023, solo se destinaron 1.600 millones frente a los 2.500 presupuestados para inversiones. Estas cifras chocan frontalmente con la situación de otros países vecinos.

El 80% del agua almacenada en España es para uso agrario, y el 15,5% para doméstico

Si tomamos como referencia el estudio realizado por la consultora Red2Red encargado por Facsa, relativo al modelo de gestión del agua en España, podemos comprobar cómo los países europeos que cobran más cara el agua pueden invertir más en infraestructuras para optimizar los embalses y su distribución. Y es que España cuenta con una de las tarifas de agua más bajas de la Unión Europea, el séptimo por la cola, con un precio medio del agua potable situado en los 2,3 euros el metro cúbico, frente a los 9,3 euros que cuesta en Dinamarca, 4,5 euros en Suecia, o 4,1 euros en Francia. Como consecuencia de ello, España, junto a Malta y Bélgica, son los países que presentan el mayor estrés hídrico de la UE. La normativa europea obliga a que el precio tenga que cubrir la totalidad de los costes, pero las administraciones españolas, hasta el momento, han renunciado a construir nuevas infraestructuras.

El estudio alerta además de que el consumo en nuestro país es extraordinariamente elevado y la eficiencia en su gestión es relativamente baja. Un incremento en los precios podría ayudar a mejorar la inversión, pero también hace falta una mayor concienciación en la población.

Pacto nacional del agua

La capacidad de agua embalsada en España es de 56.000 hectómetros cúbicos. Sin embargo, con la situación actual de escasez que sufrimos, como es el caso de Cataluña o Andalucía, el volumen de agua embalsada apenas alcanza el 50,13%. En esta situación, el estrés hídrico alcanza el 42%, lo que hace que nuestro país se sitúe en el tercer puesto del ranking de la UE, solo por detrás de Malta y Bélgica. A esto hay que añadir que el 80 % del agua obtenida se destina al sector agrario, una cifra muy elevada si tenemos en cuenta que el promedio de la Unión Europea se encuentra en solo el 28%, según el estudio.

Con estos precedentes y en vistas de los efectos que está produciendo el cambio climático, los expertos proponen la revisión urgente del sistema actual de gobernanza para que pueda evolucionar hacia un marco regulatorio que fomente la participación ciudadana y contribuya a una gestión más sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental, como económico.

Para los especialistas de Facsa, empresa encargada de llevar a cabo el estudio, «la creación de un fondo nacional del agua que facilite la inversión, en línea con la colaboración público-privada, son fundamentales». Propone un nuevo modelo de gestión del agua basado en un decálogo que va desde la creación de un Pacto Nacional del Agua y la mayor inversión en infraestructuras, hasta la apuesta por la economía circular del agua y la digitalización. Además, pone el foco en un activo necesario para la sociedad en general, como es el fomento de la concienciación y sensibilización sobre el uso correcto y responsable del agua.