Se presenta una iniciativa para frenar la instalación de fotovoltaica en suelo agrícola

La plataforma ciudadana SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad han anunciado una macrocausa judicial de alcance nacional para frenar la instalación de plantas fotovoltaicas en terrenos agrícolas fértiles.

La portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán, y la presidenta de la Asociación Ecología y Libertad, Margarita Fernández, acaban de presentar la estrategia jurídica y una «alianza histórica», según sus promotoras, que marcará «un punto de inflexión en la forma de abordar el desarrollo del sector agrícola, energético y territorial. La iniciativa cuenta también con el respaldo de la plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares».

El objetivo de esta acción conjunta es frenar por la vía legal el despliegue desordenado de instalaciones fotovoltaicas en España que, dicen sus promotores, «bajo el pretexto de la transición energética, están provocando la destrucción del campo, la erosión del paisaje y la amenaza a la soberanía alimentaria, la biodiversidad y la salud pública».

En una primera fase, SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad actuarán judicialmente contra los cuatro proyectos fotovoltaicos que afectan al municipio jienense de Lopera, que, junto a los más de 20 previstos en la provincia de Jaén, implicarían la eliminación de más de 100.000 olivos, muchos de ellos centenarios.

Zonificación vinculante

En Andalucía, y siguiendo datos de las promotoras de la iniciativa, el 69,6 % de las plantas fotovoltaicas y el 90,9 % de las termosolares están instaladas sobre suelos agrícolas catalogados como S1 y S2, los de mayor capacidad productiva. Esta situación, según las organizaciones, genera una pérdida de tierras que tardan siglos en formarse y altera ecosistemas agrarios únicos. A su juicio, «el auge de la energía solar en España solo puede considerarse sostenible si no conlleva impactos negativos sobre el territorio, el paisaje y la economía rural».

Ante este escenario, las entidades reclaman una ley que regule el uso del suelo agrario con criterios de sostenibilidad, siguiendo el ejemplo de países como Italia o Francia. Proponen priorizar la instalación de plantas solares en suelos degradados y proteger de forma efectiva aquellos con alto valor agrícola.

En 2024, los parques fotovoltaicos ocupaban ya más de 50.000 hectáreas de superficie agraria útil (SAU), según el informe oficial Extensión de los parques fotovoltaicos en España 2024, publicado por el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), lo que equivale a más de 70.000 campos de fútbol. Según el MAPA, la previsión indica que, para 2030, la superficie ocupada por parques fotovoltaicos alcanzará las 94.596 hectáreas, equivalente a más de 130.000 campos de fútbol, lo que representa un incremento del 166% desde 2016.

La portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán, ha subrayado que desde la plataforma no se oponen a las energías renovables, sino a su implantación «irresponsable» en suelos productivos esenciales para el futuro común. Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad, insiste en la necesidad de una planificación territorial adecuada que determine zonas compatibles con las infraestructuras solares, excluyendo áreas protegidas.«Las primeras acciones judiciales, basadas en el estudio exhaustivo de los proyectos fotovoltaicos que afectan al término municipal de Lopera, nos van a permitir frenar la tala de olivos centenarios en aquel territorio», resalta Fernández.