El 16 de febrero de 1936 tuvieron lugar las terceras elecciones generales celebradas durante la Segunda República. La historiografía que se ha ocupado del período no ha contribuido a resolver la cuestión de cuáles fueron sus resultados hasta la reciente publicación de una investigación decisiva al respecto (“1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular”, de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, Espasa, 2016). Pero ya en fechas muy cercanas a los sucesos, el que había sido presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, sintetizaba la magnitud del fraude que se cometió entre las elecciones y su propia destitución en un artículo publicado en el diario suizo de tendencia liberal «Journal de Géneve» el 17 de enero de 1937:

«A pesar de los refuerzos sindicalistas, el Frente Popular obtenía solamente poco más, muy poco, de 200 actas, en un Parlamento de 473 diputados.

Resultó la minoría más importante, pero la mayoría absoluta se le escapaba. Sin embargo, logró conquistarla consumiendo dos etapas a toda velocidad, violando todos los escrúpulos de legalidad y de conciencia.

Primera etapa: Desde el día 17 de febrero, incluso desde la noche del 16, el Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación los resultados, la que debería haber tenido lugar ante las Juntas Provinciales del Censo en el jueves 20, desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, reclamó el Poder por medio de la violencia. Crisis: algunos Gobernadores Civiles dimitieron. A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de documentos electorales: en muchas localidades los resultados pudieron ser falsificados.

Segunda etapa: Conquistada la mayoría de este modo, fue fácil hacerla aplastante. Reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la Comisión de validez de las actas parlamentarias, la que procedió de una manera arbitraria. Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsaron de las Cortes a varios diputados de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria; hacer en la Cámara una convención, aplastar a la oposición y sujetar el grupo menos exaltado del Frente Popular.

Desde el momento en que la mayoría de izquierdas pudiera prescindir de él, este grupo no era sino el juguete de las peores locuras. Fue así que las Cortes prepararon dos golpes de estado parlamentarios. Con el primero, se declararon a sí mismas indisolubles durante la duración del mandato presidencial. Con el segundo, me revocaron. El último obstáculo estaba descartado en el camino de la anarquía y de todas las violencias de la guerra civil».

Veamos a continuación algunas referencias que nos permitan entender cómo la manipulación del resultado electoral no es sino una fase dentro del proceso más amplio de ocupación del poder por parte del Frente Popular. Y que fue el conjunto de este proceso lo que permitió una ofensiva revolucionaria que conduce a la completa «implosión política» de un sistema (en gráfica expresión de Stanley G. Payne).

La inmensa mayoría de políticos izquierdistas que integraron el Frente Popular con vistas a las elecciones de febrero, preconizaba la acción directa y enarbolaban la misma bandera de los sucesos revolucionarios que habían protagonizado en octubre de 1934. Nada tiene de extraño que se concertaran para utilizar los cauces abiertos por el sufragio como un medio más para el asalto al poder, pero logrando con el fraude, la violencia y el amaño, la mayoría que el cuerpo electoral no les había otorgado.

El resultado de las elecciones

Las primeras noticias que se dieron el 16 de febrero eran parciales: victoria del Frente Popular en Cataluña, Madrid y otras grandes ciudades y de las derechas en numerosas provincias. A las ocho de la noche fue leída por radio una nota que recogía los primeros datos comunicados por los gobernadores civiles al ministro de la Gobernación y que anunciaban un triunfo de las candidaturas de centro y derecha. Hacia las diez, el presidente del Gobierno, Manuel Portela Valladares, comunicaba el triunfo de la Esquerra en Cataluña y la dimisión de Félix Escalas, gobernador general de Cataluña y presidente de la Generalidad. Esa misma noche, comienzan los desórdenes en la calle promovidos por los partidarios del Frente Popular. Es una situación que se mantendrá a lo largo de estos días logrando influir en la situación de una manera parecida al 14 de abril de 1931, es decir, provocando la euforia por una victoria que no existía en la realidad y desmoralizando cualquier posibilidad de resistencia.

Lo cierto es que aún no se podía saber con certeza la composición definitiva de las Cortes: faltaba por conocer el resultado del escrutinio general del 20 de febrero; en algunas provincias habría que esperar a la celebración de la segunda vuelta y quedaba por desarrollar la labor de la Comisión de Actas para que tuviera lugar su constitución definitiva.

En circunstancias normales -como había ocurrido en 1933- el presidente del Gobierno hubiera dirigido la segunda vuelta y se habría presentado al Parlamento para dar cuenta de la misión recibida. Por el contrario, su dimisión el 19 de febrero va a permitir al Frente Popular la ocupación del Gobierno para, desde él, acabar de redondear los resultados y forzar la mayoría. Una historiografía mayoritariamente inclinada hacia las tesis propagandísticas favorables al Frente Popular, ha evitado interrogarse acerca de las motivaciones últimas de la renuncia de Portela. Resulta difícil discernir lo que se debe al puro pánico o fue consecuencia del pacto con los dirigentes revolucionarios que denuncia Gil Robles en sus memorias. Lo cierto es que Portela se negó a respaldar todos los ofrecimientos que se le hicieron para restablecer el orden público y garantizar la limpieza del proceso, especialmente por parte del general Franco, jefe del Estado Mayor Central, y del propio Gil Robles, ministro de la Guerra hasta diciembre de 1935.

En las consultas, casi todos los políticos aconsejaron que se formara el Gobierno que pudiera deducirse de la composición de las nuevas Cortes, pero ¿cuál había de ser ésta? La imposibilidad de formar un Gobierno de acuerdo con la representación parlamentaria de unas Cortes que aún no se habían constituido, nos pone de relieve lo absurdo de la situación y la necesidad de entender lo ocurrido como una serie de iniciativas para la ocupación del poder. Finalmente fue Manuel Azaña el encargado de formar Gobierno y lo hizo con elementos de la izquierda burguesa y con el compromiso expreso de realizar el programa del Frente Popular.

La dimisión de Portela arrastró el éxodo en masa de muchos gobernadores provinciales y otros funcionarios locales que dimitieron sin esperar la llegada de unos sustitutos adecuados. Apenas tomó posesión el Gobierno de Azaña, sin esperar a la transmisión normal de poderes, procedieron los nuevos dirigentes a apoderarse de los edificios y cargos públicos con la posibilidad de actuar así sobre la documentación electoral. En numerosos lugares donde habían triunfado las derechas, en la madrugada del 19 al 20 se abrieron los sobres que contenían las actas de votación y se sustituyeron por otras falsas en número suficiente para trasladar a las candidaturas de izquierda el triunfo que allí habían logrado las derechas. Así ocurrió en provincias como Cáceres, La Coruña, Valencia, Pontevedra, Lugo y Orense.

Los mecanismos para completar el fraude

La segunda vuelta electoral se efectuó en aquellos sitios donde la lista electoral más votada había recibido menos del 40% de los votos. Ello sólo había ocurrido en distritos conservadores (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Castellón y Soria) y ahora las coacciones y el ambiente que hemos descrito, provocaron la retirada de los candidatos derechistas o su derrota incluso en aquellos lugares en que se había obtenido la victoria parcial en la primera vuelta.

El 17 de marzo se constituye en las Cortes la Comisión de Actas, presidida por Indalecio Prieto y de mayoría izquierdista. Su actuación, en un ambiente de violencia e intriga, terminó con una nueva asignación de escaños al Frente Popular. Por fraudes atribuidos a las derechas durante la emisión de los votos, se declararon nulas las elecciones de Cuenca y Granada sin admitir ninguno de los recursos ante las clarísimas intromisiones de los frentepopulistas en otros lugares. Las izquierdas tampoco consintieron en investigar los robos de actas. A comienzos de mayo se repitieron las elecciones en Cuenca y Granada. Las presiones fueron tales que en Granada las derechas se retiraron y, en medio de enormes dificultades, concurrieron en Cuenca donde se registró un triunfo del Frente Popular fruto de las coacciones y el fraude.

En conclusión, y desde el punto de vista de la técnica utilizada, para referirse a las elecciones del 16 de febrero de 1936 y sus consecuencias más que de un «pucherazo» sobre las urnas hay que hablar de un sistemático fraude «postelectoral» que permitió al Frente Popular obtener una mayoría absoluta imprescindible para alcanzar sus objetivos y sostener a un Gobierno subordinado a su actividad revolucionaria. Esto se consiguió atribuyendo a las izquierdas un número de escaños no excesivamente abultado (alrededor de cincuenta según la investigación citada de Alvárez Tardío y Villa García) pero que resultaron decisivos. La destitución del presidente Alcalá Zamora y el sucesivo desbordamiento del resto del marco jurídico completan el complejo proceso de ocupación del poder por parte del Frente Popular.