Sánchez eleva a delegado del Gobierno en Murcia a un imputado por prevaricación y malversación

Nuevos líos judiciales se avecinan para el PSOE, tanto nacional como en la Región de Murcia. El Consejo de Ministros prevé nombrar hoy como nuevo delegado del Gobierno en Murcia al hasta ahora alcalde de Calasparra, José Vélez, quien precisamente tiene abierta una investigación judicial por prevaricación y malversación de fondos del Ayuntamiento. Según un escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso este periódico, el pasado 14 de enero pidió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz que se prorrogara el plazo de instrucción por un periodo de 18 meses, para investigar la posibilidad de que haya indicios de delito.

La imputación de Vélez se remonta al año 2018, cuando una querella presentada por PP, Ciudadanos y Calasparra Viva denunciaba presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, derivados del supuesto cobro ilegal de salarios en el Ayuntamiento, con Vélez como primer edil, así como con otros dos socialistas implicados, Jordi Arce y Antonio José Moreno. El frente de la oposición denunciaba que los dirigentes socialistas habían percibido, de forma ilícita, más de 30.000 euros entre los tres.

Estos presuntos cobros ilegales se habrían producido entre septiembre de 2016 y los meses de verano de 2017, periodo en el que, al parecer, habían renunciado de forma voluntaria a su condición de “liberados con dedicación exclusiva” en el Ayuntamiento, por lo que se habrían dado de bajo por dicho concepto en la Seguridad Social.

Ahora, lo que la Fiscalía pide es que se certifique que Vélez dejó el desempeño de sus funciones en régimen de dedicación exclusiva como Alcalde durante el periodo de tiempo referido, ya que según los informes con los que consta en el TSJ las fechas no coinciden en las altas y las bajas de la Seguridad Social, con respecto a las registradas como condición de primer edil.

Según la querella presentada por María Marín (PP), Jesús Alajarín (Ciudadanos) y Alonso Torrente (Calasparra Viva), las retribuciones ilegales habrían sido de 4.572 euros para Vélez; 15.071 para Arce; y 10.582 euros para Moreno.

Contexto

Cabe remontarse a julio de 2015 para conocer por qué, presuntamente, cobraron estos sobresueldos de las arcas públicas, después de que el Pleno municipal aprobara las retribuciones para los concejales liberados, y que posteriormente en mayo de 2016 fueron declaradas nulas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ murciano. Por ello, el fallo judicial obligaba a los implicados a devolver unos 170.000 euros cobrados “indebidamente”.

Ese mismo año, en junio, el Pleno del Ayuntamiento de Calasparra insistió en la legalidad de las retribuciones, dotándolos de efectos retroactivos, pero fue en septiembre cuando la vía judicial decidió tumbarlo de nuevo, por lo que los implicados renunciaron a su condición de liberados y se dieron de baja en la Seguridad Social, volviendo a sus ocupaciones laborales anteriores.

Finalmente el TSJ decretó en 2018 la apertura de la investigación al considerar “compleja” la causa al considerar la posible existencia de “un delito de prevaricación y/o malversación de caudales públicos”.

José Vélez relevará en el cargo al actual delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Jiménez.