El PSRM acusa al Gobierno regional de utilizar un Decreto-ley “como atajo de dudosa legalidad constitucional”

El diputado socialista Pedro López ha acusado hoy al Gobierno regional de utilizar un Decreto-ley “como atajo de dudosa legalidad constitucional”, al querer usarlo para modificar la Ley de Puertos. Por ello le ha pedido que lo retire y se proceda a su tramitación por un procedimiento ordinario,

López ha insistido en que debe haber participación ciudadana y audiencia social, además de “una reflexión profunda acerca del papel que la infraestructura portuaria, en sus diversos usos, debe tener en la modernización de los sectores productivos entrelazados a la misma, y con el Mar Menor como espacio socioeconómico esencial a proteger”.

Sobre el Decreto-ley del Ejecutivo, el diputado ha insistido en que no existe justificación de urgencia inaplazable para adoptar esa fórmula, y “utilizar la desgraciada situación generada por el coronavirus para modificar la ley”.

Además, ha indicado que, con esta fórmula, el Gobierno regional pretende evitar la participación de asociaciones ecologistas, organizaciones sociales, ayuntamientos, asociaciones de vecinos, cofradías de pescadores, y otros colectivos, que, con el procedimiento legislativo adecuado, podrían ser escuchados por ser parte interesada en la materia, y de esta manera, tejer las alianzas necesarias.

El diputado socialista ha recordado que el principal afectado por esta norma es el Mar Menor, que se encuentra en una situación muy grave que preocupa a todos los ciudadanos de la Región.

Los socialistas consideran que con la modificación “se favorece el mantenimiento y la ampliación de la red clientelar en torno a los puertos deportivos. Así, las concesiones y autorizaciones podrán ser otorgadas de forma directa, es decir, a dedo, y podrán realizarse a cualquier entidad sin ánimo de lucro. Antes de esta modificación, estas entidades, además de ser sin ánimo de lucro, debían de tener la declaración de utilidad pública”.

El diputado ha indicado que esta modificación legal, para nada está pensando en la recuperación del Mar Menor; ni en la dinamización del turismo en su entorno; ni en el interés general de los ciudadanos de la zona, ni en los pescadores.