López Miras critica la “falta de empatía y diálogo” del Gobierno central tras “sentenciar de muerte” el trasvase

El Gobierno de la Región de Murcia no va a parar en su empeño de frenar el recorte del trasvase Tajo-Segura, aprobado en Consejo de Ministros. El presidente autonómico, Fernando López Miras, ha reprochado al Gobierno de España la “falta de atención, diálogo y empatía” con el sector agroalimentario del Levante nacional, ya que la decisión de aprobar el Plan hidrológico del Tajo, en el que se contempla un aumento de los caudales ecológicos y un recorte del envío de agua, supone “la sentencia de muerte de la mayor herramienta de solidaridad interterritorial de la historia reciente de España”.

Así lo pone de manifiesto en la misiva enviada, a fecha de 26 de enero, desde el Gobierno regional al central, en la que se solicita una reunión con Pedro Sánchez para “encontrar las vías para llegar a un acuerdo que garantice la continuidad del trasvase Tajo-Segura en sus parámetros actuales”.

En este sentido, el dirigente murciano, que ya anunció el pasado martes que recurrirá al Tribunal Supremo la orden ministerial, que va incluso en contra del dictamen del Consejo de Estado, calificó de “falta de lealtad institucional” y de “irresponsabilidad” la actuación llevada a cabo por el Ejecutivo central en una cuestión “de tanta trascendencia para el conjunto de la nación”.

Su intención es encontrar una solución que, “partiendo de la legalidad, la equidad y los principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre todos los españoles, siente las bases de un gran pacto nacional del Agua que deje satisfechas a todas las partes implicadas”.

A su juicio, este plan nacional del agua “es hoy más urgente y necesario que nunca”. Por ello, el presidente murciano queda a la espera de una respuesta positiva a su petición por parte de Sánchez.

En su carta, López Miras recuerda que el Gobierno de la Región de Murcia ha trabajado en la “búsqueda de soluciones a partir del diálogo entre todas las partes implicadas” durante los últimos años y, muy especialmente, desde que tuvo conocimiento del “destino que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico deparaba a una infraestructura tan esencial como el trasvase Tajo-Segura”.

En concreto, ha señalado que el Ejecutivo murciano ha trabajado en esta búsqueda de soluciones “como la mejor manera para alcanzar la solución más justa y equitativa a una cuestión absolutamente vital para el presente y el futuro de todo el Levante español”.

Ha criticado que esa reducción de “hasta 110 hectómetros cúbicos al año” en los caudales trasvasados es “fruto de la arbitrariedad” y carece de “toda justificación técnica y de criterios científicos que la avale”.

Así, ha lamentado que la decisión “afecta por igual a regantes, al abastecimiento de la población y a la actividad económica de Alicante, de Almería y de la Región de Murcia, con un grave perjuicio también para el conjunto de España”.

“Resulta innegable la prosperidad, el crecimiento y el desarrollo vividos por todo el Levante español en los casi 44 años de funcionamiento de esta gran obra hidráulica, fundamental para la creación de empleo y riqueza, frenar el avance del desierto y la despoblación rural, y para la lucha contra el cambio climático”, según López Miras.

El trasvase genera riqueza nacional

A este respecto, ha puesto en valor que el trasvase Tajo-Segura “es un factor clave para la producción de una agricultura avanzada y de alta calidad que, además de contribuir de manera creciente a la riqueza nacional a través de las exportaciones a los principales mercados globales, ha garantizado la soberanía alimentaria de España e impedido el desabastecimiento de nuestros hogares y de los de Europa durante los peores momentos de la pandemia”.

Así, ha lamentado que se trata de unos logros que “parecen no importar ni ser tomados en cuenta” cuando España “afronta la peor crisis económica de los últimos años, agravada por las terribles consecuencias de la invasión rusa de Ucrania”.

Frente a estas “realidades incontestables”, el jefe del Ejecutivo murciano ha lamentado que la “única respuesta” es una decisión del Gobierno de España que, “en aras de un supuesto interés general imposible de justificar, no obedece, en ningún caso, a valoraciones técnicas ni científicas, y amparada únicamente por criterios políticos”.

Y lo que resulta “aún más doloroso” para López Miras es “la falta de atención, de empatía y de diálogo” por parte del Gobierno central. En concreto, ha reprochado que se trata de una “falta de atención” hacia el “conjunto de la sociedad murciana” y hacia “los grandes afectados por esta situación tan injusta, como son nuestros agricultores y regantes, a cuyas demandas y reivindicaciones se ha hecho, en todo momento, oídos sordos”.

La desalación, “insostenible”

“Miles de familias trabajadoras que ven peligrar la continuidad de su medio de vida mientras se ven abocados a la ruina, y a los que se les ofrece la desalación, un recurso del todo insostenible por su elevado coste económico y medioambiental, como única solución por parte del Gobierno”, según recoge la carta.

Sin embargo, ha lamentado que “o sólo se ignoran las peticiones de los directamente perjudicados por esta sinrazón”, sino también “el dictamen del Consejo de Estado, que aboga por hacer compatible el establecimiento de un caudal ecológico para el Tajo con la continuidad del trasvase”.

Asimismo, ha criticado que se “ignoren” las alegaciones de la Confederación Hidrográfica del Segura, que “evalúa la pérdida de miles de empleos y el alto coste económico de la planificación hidrológica impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”.

Ha advertido que el Gobierno de la Región de Murcia “no va a claudicar en su defensa del trasvase Tajo-Segura”, y seguirá empleando “todos los recursos” a su alcance, tanto jurídicos como políticos, para “revertir una decisión tremendamente injusta y de efectos devastadores.”

Por eso, ha advertido que, si no hay un “cambio sustancial” en la decisión adoptada el pasado martes, el Gobierno murciano interpondrá recurso ante el Tribunal Supremo como primer paso en su “lucha por garantizar la continuidad presente y futura del trasvase”.

Todo ello, añade, “sin menoscabo de cuantas actuaciones sean necesarias en este sentido, en defensa de los legítimos derechos del millón y medio de murcianos de recibir el mismo trato que el resto de españoles en el acceso a un recurso de todos como el agua”.

“Porque buscamos justicia y acuerdos, no confrontación; y reclamamos solidaridad e igualdad, nunca privilegios, haremos todo cuanto esté en nuestra mano para poder alcanzar una solución definitiva, justa y eficaz a esta demanda social de todo el Levante español”, ha concluido.