El alcalde de Murcia dice que se aplicaron los "protocolos legales" en los expedientes de Teatre

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha señalado que los servicios jurídicos municipales y los de urbanismo han aplicado lo "protocolos legales" en relación a los procedimientos de cierre y legalización de locales de ocio nocturno en el caso de la discoteca Teatre que tenía abierto un proceso de regularización además de su orden de cierre.

El alcalde se ha referido así este martes en relación con las informaciones publicadas en diferentes medios de comunicación sobre las inspecciones técnicas a las que se sometió hace escasos meses la discoteca Teatre, incendiada, junto con el local anexo, Fonda Milagros, el pasado 1 de octubre en el siniestro que provocó 13 fallecidos, a pesar de tener una orden de cierre en vigor.

A preguntas de los medios sobre cómo fue posible que la administración local llevara a cabo esas inspecciones para legalizar la sala, que no estaba cumpliendo con la orden de cierre que tenía desde enero de 2022, el primer edil ha indicado que los servicios Jurídicos del Ayuntamiento y los de Urbanismo "mantienen unas pautas y unos protocolos legales en relación a este tipo de procedimientos, y son los que se han aplicado en este caso".

Además, ha matizado que se debe diferenciar "entre la normalidad que entendemos nosotros y la que entienden quienes son expertos" en esta materia, y ha subrayado que él puede tener una opinión diferente a ese proceder legal.

En cualquier caso, ha insistido en que el propio equipo de Gobierno está teniendo conocimiento de muchos de los expedientes de inspección o las solicitudes de mejoras a la discoteca Teatre a través de los medios de comunicación, dado que el expediente para el cierre del local se dictó con el anterior Ejecutivo local.

Aunque se está poniendo mucho el foco en la labor de la inspección y los servicios municipales, Ballesta ha insistido en recordar que "los últimos responsables de no cumplir la orden de cierre" son los empresarios titulares de la sala, que "no cumplían con la legalidad" y han ido "esquivando" esa orden a través de "resquicios legales", cambiando su denominación y su propietario o iniciando procedimientos paralelos.

En cualquier caso, ha insistido en que el Ayuntamiento continúa con la revisión de las órdenes de cierre en vigor y se han inspeccionado numerosos locales, si bien no ha facilitado el número concreto, muchos de los cuales se ha comprobado que habían cumplido con la orden y no tenían actividad.

Para evitar este tipo de conflictos en el futuro, ha recordado que se está trabajando ya en nuevos protocolos de actuación de la administración que mejoren la "trazabilidad" entre departamentos para que los procesos de licencias no encuentren este tipo de incidencias.

Además, ha anunciado que el Ayuntamiento se personará en las "diligencias penales" que se puedan derivar de este caso, en el que la jueza instructora apunta a la comisión de 13 posibles homicidios imprudentes.

La Junta de Gobierno municipal del próximo viernes dará luz verde a esa personación, ha indicado.

En cuanto a la posibilidad de llevar a cabo ceses o dimisiones, Ballesta, visiblemente enfadado, ha asegurado que esa petición "se debe hacer en otro lugar".

El Ayuntamiento asumirá los gastos

Por otra parte, el Ayuntamiento asumirá los costes de repatriación a Nicaragua de tres de los fallecidos ante la falta de colaboración de las autoridades de ese país.

Ballesta ha lamentado las dificultades que las autoridades del país latinoamericano están poniendo para que los cuerpos de estas tres víctimas puedan regresar a su país de origen como es la voluntad de su familia.

Debido al largo tiempo transcurrido desde el fallecimiento de estas personas, sus cuerpo están siendo embalsamados y el consistorio correrá con los gastos con el objetivo de dar todo el apoyo a las familias.

Ballesta sí ha agradecido la colaboración estrecha de las embajadas de Colombia y Ecuador, países de origen del resto de las víctimas, cuyos familiares siguen teniendo a su disposición los recursos de atención psicosocial que puso en marcha Cruz Roja el día de la tragedia y que siguen activos a través de una línea telefónica habilitada para ello.