Las dos medidas que solo la Región de Murcia ha implantado en España para acelerar la construcción de VPO

El Gobierno de la Región de Murcia se ha propuesto darle la vuelta al mercado inmobiliario con el único propósito de que la vivienda deje de ser un bien inaccesible para el ciudadano. Así, ha puesto en marcha dos herramientas únicas en toda España.

La primera es el Panel de Impulso Urbanístico (PIU) cuyo objetivo es agilizar el planeamiento y acelerar la construcción de vivienda asequible para acabar con los "cuellos de botella" que retrasan la aprobación del planeamiento y, por tanto, la construcción de nuevas viviendas. "Es una herramienta que refuerza la cooperación entre administraciones y garantiza que los ayuntamientos dispongan de un instrumento eficaz para desbloquear sus proyectos para el desarrollo urbano", subrayan desde el Ejecutivo de Fernando López Miras en declaraciones a Europa Press. La segunda es la nueva figura dentro de la vivienda protegida denominada "Vivienda Asequible".

Ambas están incluidas en el Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística, recientemente aprobado por el Ejecutivo regional que tiene el objetivo de resolver de manera inmediata el problema de acceso a la vivienda para jóvenes y familias de rentas medias.

El Panel tendrá formato de comisión intersectorial de carácter ejecutivo diseñada para coordinar la emisión de los informes sectoriales que condicionan la aprobación del planeamiento urbanístico y, con ello, la transformación de suelo necesaria para el desarrollo de nuevas viviendas.

Desde el Ejecutivo regional han destacado que con el PIU se da "un paso decisivo" en la agilización administrativa del planeamiento urbanístico para que ningún proyecto de vivienda se quede paralizado por trámites que se eternizan o por informes contradictorios entre administraciones".

El objetivo del Panel es resolver discrepancias o bloqueos administrativos que retrasen la tramitación de los instrumentos de planeamiento, actuando como un mecanismo de impulso y coordinación entre administraciones.

Su intervención será voluntaria y se activará a petición del ayuntamiento promotor del instrumento urbanístico. Este órgano intervendrá para remitir los informes sectoriales y agilizar su evacuación, instando su emisión cuando no se cumplan los plazos o existan contradicciones entre ellos. En estos casos, la Consejería de Fomento e Infraestructuras prestará asistencia técnica mediante la elaboración de criterios comunes que faciliten la resolución de los conflictos detectados. Como resultado, el Panel podrá emitir un informe de coordinación determinante para desbloquear la tramitación de los expedientes afectados.

El PIU contará con representantes de las distintas consejerías de la Administración regional, de la Administración General del Estado y del Ayuntamiento que haya solicitado la convocatoria. Junto a esta medida de simplificación y agilización administrativa, el decreto ley incorpora otras estructurales como la compatibilidad de solares destinados a equipamientos con el uso de vivienda protegida (salvo educativos y sanitarios), la flexibilización de los instrumentos de ordenación urbanística para una tramitación más ágil y la concreción del deber de conservación de inmuebles para revitalizar los cascos antiguos.

El texto también contempla medidas coyunturales de carácter temporal para incrementar la oferta de vivienda protegida, como el cambio de uso de oficinas o locales a vivienda, la introducción de primas de edificabilidad de hasta el 50 por ciento, la compatibilidad de tipologías edificatorias y la finalización de edificios o urbanizaciones paralizadas. Estas medidas contarán con un plazo de dos años para solicitarse y tres más para ejecutarse.

La norma regional declara, además, la tramitación urgente de todos los procedimientos vinculados al nuevo modelo de vivienda asequible, lo que permitirá reducir a la mitad los plazos administrativos autonómicos y municipales. El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha subrayado que "el problema del acceso a la vivienda no tiene una única solución, sino que requiere un conjunto de medidas complementarias, innovadoras y realistas". En este sentido, ha destacado que "el decreto ley de Vivienda Asequible nace del diálogo y del consenso con todos los actores del sector, con el objetivo de ofrecer una respuesta inmediata a las necesidades de los ciudadanos y de aumentar la oferta de vivienda a precios accesibles".

Inventario de suelos

Como complemento a las medidas recogidas en el Decreto ley, el Gobierno regional ha elaborado el primer inventario de suelos de titularidad municipal disponibles para promover el nuevo modelo de Vivienda Asequible de la Región. El documento es una herramienta innovadora en el ámbito nacional para impulsar el modelo de vivienda protegida que permitirá reactivar terrenos públicos actualmente en desuso para destinarlos a promociones de vivienda protegida para jóvenes y familias de rentas medias.

Gracias a las novedades introducidas en la nueva norma, se podrían solicitar licencias para la construcción inmediata de 2.108 viviendas asequibles en esos suelos urbanos, pero además, como se trata de parcelas públicas, el decreto prevé la aplicación de un aumento del 50 por ciento de la edificabilidad, alcanzando así una cifra mínima de 3.162 viviendas, lo que demuestra el potencial de crecimiento que ofrece esta herramienta. El documento es una relación de los suelos municipales, tanto urbanos como urbanizables, que hay en la actualidad. Esta compilación incluye 153 suelos municipales repartidos en una treintena de ayuntamientos, de los que 93 son urbanos y 60 urbanizables.

Estos últimos suelos, que suponen más de un millón de metros cuadrados disponibles y que actualmente están en desuso, se han reactivado de manera inmediata con la aprobación de la norma, propiciando así la construcción de viviendas protegidas, que además se llevará a cabo de manera más ágil y eficaz, acortando los plazos a la mitad, gracias a la declaración de urgencia y la tramitación preferente que va ligada a todos los trámites vinculados a este decreto.

"Este inventario permitirá ordenar la oferta y la demanda de manera más eficaz. Es una herramienta viva, de hecho en la última semana hemos recibido nuevos suelos, y se incorporarán al inventario conforme los ayuntamientos trasladen sus datos", ha dicho el consejero García Montoro. El documento recoge las fórmulas de gestión que el Gobierno regional propone a los ayuntamientos para reactivar estos suelos y ponerlos al servicio de la vivienda asequible. Entre ellas figuran la permuta por obra futura, la subasta o el derecho de superficie, fórmula permite mantener la titularidad pública del suelo y promover viviendas protegidas en régimen de alquiler.

Reacción del sector

El presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), José Hernández, ha valorado positivamente el nuevo modelo de vivienda de la Comunidad, al que la organización ha realizado aportaciones en el marco del proceso de recogida de propuestas promovido por el Gobierno regional, junto a otras entidades como la Asociación de Promotores de la Región (APIRM).

En declaraciones a Europa Press, Fernández ha destacado la necesidad de reducir la carga impositiva en la compra de vivienda, que actualmente supone casi un 30% del precio total, y ha puesto el foco en la importancia de mantener un equilibrio entre precios asequibles y la viabilidad económica de los proyectos inmobiliarios. Desde APIRM, su presidente, José Ramón Blázquez, ha sostenido que el nuevo decreto "va por buen camino" y ha destacado la necesidad de ajustar el precio máximo de venta de vivienda protegida para que sea económicamente sostenible para los promotores. Asimismo, Blázquez ha planteado la necesidad de complementar el decreto de la Comunidad con "ayudas para aquellos colectivos que les cuesta más adquirir la vivienda", especialmente jóvenes y familias con dificultades económicas.