Este lunes, a las 10.00 horas en la Sala 1 de la Audiencia Provincial, comienza el juicio para los siete acusados, puesto que uno de ellos falleció en 2019, en el caso 'Novo Carthago'. El calendario del proceso judicial incluye 20 jornadas desde el 29 de septiembre al 11 de noviembre.

El caso 'Novo Carthago' se inició tras la recalificación de terrenos próximos al Mar Menor, en la zona de San Ginés de la Jara, para la construcción de unas 10.000 viviendas. Precisamente estos terrenos ocupaban áreas naturales protegidas y por tanto no urbanizables.

Los delitos que se imputan a los responsables de esta recalificación, a los ocho acusados (uno de ellos ya fallecido) son los de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Están implicados, entre otros, los exconsejeros de Agricultura, Antonio Cerdá, y de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana. También figuran como investigados antiguos responsables de Calidad Ambiental, Vivienda, y Ordenación del Territorio.

En concreto, C.B.M, el que fuera Director General de Medio Natural, estaba acusado por su en la manipulación del PORN reiniciado el 12-6-2003, aunque falleció en 2019. El ex consejero de Medio Ambiente, Antonio Cerdá está acusado de manipular el PORN de Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo y de actuar posteriormente en favor del proyecto.

M.A.F.C, asesora eventual para apoyo jurídico del ex concejero Cerdá, también está acusada por su participación en la manipulación del PORN y por las autoimposiciones bancarias de 125.000 euros entre los años 2003-2006.

El cuarto acusado, A.A.P, ex director general de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, fue el autor de la DIA y está acusado de participación en dicho expediente; mientras que J.M.R.C., que fue subdirector de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, está acusado por sus informes, también fue director general de Turismo y subdirector de Urbanismo como cargo de libre designación.

Por otro lado, M.A.G.Z., ex director general de Administración Local y director general de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, está acusado por sus informes, por su solicitud de informe al DG Calidad Ambiental y su propuesta de Orden de aprobación definitiva.

L.M.R.A., asesor jurídico de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, está acusado por un informe jurídico; y el ex consejero de Obras Públicas Joaquín Bascuñana, por su intervención en la MP no 113 y el dictado de las Órdenes de aprobación definitiva.

Con todo ello, a Antonio Cerdá, como autor del concurso ideal del delito de falsedad en documento público y delito continuado de prevaricación, se le pide una pena de 3 años y 6 meses de prisión, 14 meses multa a razón de 30 euros de cuota diaria y 3 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público, con responsabilidad subsidiaria por impago de la multa de 1 día de prisión por cada 2 cuotas impagadas.

Para M.A.F.C, por el concurso ideal del delito de falsedad en documento público y cooperadora necesaria en el delito de prevaricación, se pide 3 años y 3 meses de prisión, multa de 10 meses multa a razón de 30 euros de cuota diaria y 3 años y 3 meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público, con responsabilidad subsidiaria por impago de la multa de 1 día de prisión por cada 2 cuotas impagadas. Además, la pena de 5 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales (con 1 mes por responsabilidad subsidiaria en caso de impago) y multa de 125.000euro, así como el decomiso de dicha cuantía de 125.000 euros.

Por otro lado, para los acusados Joaquín Bascuñana y A.A.P, se piden 6 años y 6 meses de inhabilitación de empleo o cargo público como autores del delito de prevaricación del art. 404 CP (dado que no son funcionarios, para ocupar puesto de elección discrecional en la Administración o en cualquiera de sus empresas, entes u organismos participados por la Administración Pública).

Para el resto de partícipes en el delito de prevaricación, J.M.R.C, M.A.G.Z y L.M.R.A, se pide la pena de 5 años y 6 meses de inhabilitación de empleo o cargo público con pérdida de su condición de funcionario público como partícipes del delito de prevaricación.