El Gobierno regional pide una moratoria hasta 2033 para el cierre de los acuíferos

El ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que dirige Sara Aagesen, parece decidido a cumplir su hoja de ruta para ejecutar en el horizonte de 2027 el denominado “hachazo” al regadío levantino español. La pretensión no es solo el cambio en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura -lo que reduciría sensiblemente los envíos de agua a Alicante, a la Región y a Almería-, sino que ahora acucia también el "fantasma" del cierre de los acuíferos; unas aguas subterráneas que, ante la falta de recursos hídricos, se convierten en un bien esencial para los agricultores y ganaderos murcianos que tienen que sacar adelante sus explotaciones. Por esta razón, el Ejecutivo regional ha decidido enviar una carta formal al Miteco, en la que le insta a una moratoria hasta el próximo año 2023, para evitar ese cierre de los recursos de agua bajo tierra. Así lo ha asegurado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, que le ha pedido al Ministerio que tenga en cuenta esa prórroga ya que, en su opinión, existen “razones técnicas y económicas que impiden cumplir los objetivos en 2027”. Además, Ortuño ha recordado que, en caso de producirse ese ‘tijerazo’ hídrico, las consecuencias serían funestas para la Región de Murcia: pérdidas de 800.000 millones de euros anules, la destrucción de 25.000 empleos en el sector primario y la práctica desaparición de casi 30.000 hectáreas agrícolas. Son datos que maneja el Gobierno autonómico, después de conocer estudios de prestigiosas consultoras como Price Waterhouse Cooper (PWC), que alertan del peligro de "cerrar el grifo" a la Región.

El portavoz regional ha apuntado que “estamos en un momento crítico para nuestra agricultura y para nuestro futuro como Región”, a la vez que ha se ha referido nuevamente a ese recorte al Trasvase como una “decisión política”, que carece de “razones técnicas”. En este sentido, Ortuño ha vuelto a reclamar al Gobierno de Sánchez un Plan Hidrológico Nacional que contente a todas las comunidades autónomas y que lleve agua, como dijo Feijóo en un mitin reciente en Murcia, “de dónde sobra, a dónde falta”. Para ello, desde el Ejecutivo autonómico le piden al delegado del Gobierno en la Región, a Francisco Lucas, que arrime el hombre y que defienda los intereses del territorio en el ámbito nacional, tal y como le exige su cargo.

No ha sido la única reivindicación que ha hecho el Gobierno murciano al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Marcos Ortuño también se ha referido a las deficitarias infraestructuras ferroviarias con las que cuenta en la actualidad la Región de Murcia. “Seguimos siendo una isla ferroviaria”, ha dicho el portavoz murciano, en referencia a los sucesivos retrasos que sufre la llegada de la Alta Velocidad a Cartagena, a lo que se suma también el corte temporal de la conexión de tren de Cercanías entre Águilas y Lorca con la capital, trayecto que ahora se hace por carretera. Ortuño ha lamentado que “las personas que viajan desde Cartagena hasta Albacete están tardando hasta 4 horas en autobús. 4 horas para ir de Cartagena a Albacete es una barbaridad, es un disparate en pleno 2025”.

Un "recado" a Vox

En materia de política regional, el Ejecutivo murciano también ha hecho alusión a la oposición de Vox al decreto de Vivienda, una de las medidas ‘estrella’ del Gobierno autonómico que quiere poner en el mercado 25.000 viviendas asequibles en el ambicioso plazo de 5 años. La formación que preside José Ángel Antelo ha justificado su negativa a esta norma, porque aseguran que no están de acuerdo con algunas de las modalidades que incluye, como el denominado "cohousing" o vivienda compartida. Algo que Vox sí apoyaba cuando formaba parte del Gobierno de López Miras, tal y como han

recalcado desde el Ejecutivo autonómico. Ortuño no ha dudado en calificar a los voxistas como “oportunistas” y ha asegurado que “la coherencia en Vox brilla por su ausencia”, acerca de esta cuestión. Un decreto ley de Vivienda Asequible, presentado por el Gobierno regional, que fue tumbado hace dos semanas en la Asamblea, gracias de nuevo a la unión de Vox y PSOE que, según fuentes del Partido Popular, han votado ya de forma conjunta en la cámara autonómica en más de 50 ocasiones en esta legislatura. Algo que, desde el PP y Ejecutivo murciano, definen como “una pinza” de ambos partidos, que solo tiene por objetivo erosionar la acción de Gobierno del Ejecutivo de López Miras.