Mazón y López Miras se reúnen con regantes del Tajo-Segura en la "cumbre del agua" para salvar el trasvase

El Sindicato Central de Regantes del acueducto Tajo-Segura (Scrats) continúa su ronda de contactos para tratar de frenar al Ministerio para la Transición Ecológica, que sigue con paso firme en el cambio de las reglas de explotación de esta infraestructura hídrica. Así lo anunció ayer su presidente, Lucas Jiménez, quien tiene previsto mantener hoy un encuentro en la Cámara de Comercio de Murcia con representantes de los Gobiernos de Murcia, Alicante y Valencia. Una "cumbre" del agua, a la que asistirá el líder de la Región de Murcia, Fernando López Miras y, presumiblemente, tal y como ha podido saber LA RAZÓN, su homólogo en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón.

"Se va a explicar cuál es la situación real a la que nos podemos ver abocados en 2027 si no nos movemos, si no nos movilizamos como sociedad. Se le va a pedir a las administraciones locales que nos echen una mano, porque la situación ya empieza a ser compleja en el primer año, a tenor de lo que dice esa modificación de las reglas de explotación", dijo Jiménez, que calificó como "muy preocupante" la situación a la que podría enfrentarse el regadío en la Región de Murcia.

Este primer contacto institucional pretende «medir fuerzas» ante un litigio con el Estado, que se presenta duro y largo. A este le seguirán otros encuentros, según ha explicado el presidente de SCRATS, que pasarían por una reunión con la Confederación Hidrográfica del Segura, con la delegación del Gobierno en la Región y, en última instancia, con la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; en caso de que quiera escuchar las reivindicaciones de los regantes, que hablan de una «estocada de muerte» al trasvase Tajo-Segura.

El cambio en las reglas de juego en materia de agua, en opinión de SCRATS, se basa en criterios puramente ideológicos y que no atiende a cuestiones técnicas. Por eso, su presidente aseguró ayer que las alternativas que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco son demasiado alentadoras. "Si no tenemos desalación ni todas las obras que se nos han prometido, y ahora vienen con nuevos proyectos, sin terminar los que se habían propuesto con anterioridad; si toda esa ‘nube’ de millones se cae y no existe, la situación de la economía regional de Murcia, en concreto, se puede quedar tambaleando en 2028", apuntó Lucas Jiménez.

Una ruina para el campo

En la misma línea se manifestó el Gobierno regional. La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, expresó la necesidad de mantener los envíos de agua al Levante para preservar y no poner en peligro la denominada "Huerta de Europa". "Para tener alimento, se necesita agua. Un agua que es de todos los españoles y el presidente del Gobierno se ha empeñado en utilizar un recurso que es de todos los españoles para sus negocios políticos e ideológicos, sin mirar las necesidades que tienen nuestros regantes", dijo la titular de Agricultura. Rubira, además, destacó la necesidad de hacer un frente común entre las tres comunidades autónomas afectadas (la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía), para ganar el pulso al MITECO y a Castilla-La Mancha, la única Región que saldría beneficiada de ese recorte del 50% del agua traspasable al regadío levantino.

Las pérdidas económicas para la Región de Murcia podrían ser muy cuantiosas de llevarse adelante este proyecto del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) que está sobre la mesa. Según apuntó la consejera de Agricultura del Gobierno regional, el "hachazo" al trasvase Tajo-Segura se podría traducir en la pérdida de 15.000 puestos de trabajo en la comunidad autónoma; la "muerte" de 27.000 hectáreas de regadío; además de un "agujero" económico que podría ascender a los 6.000 millones de euros.