Opinión

Creer, aunque sea difícil

No ha pasado una semana desde el descubrimiento del cadáver del niño Gabriel Cruz y la detención de la persona relacionada con los hechos, suceso que mantiene a la sociedad española inmersa en una mezcla de sentimientos de consternación, rabia, repulsa y, a la vez, de una profunda y sincera solidaridad con los desdichados padres.

Ahora toca mantener este sentimiento y ayudar a esta familia. Todo ello sin perder de vista que se inicia un proceso judicial para determinar la culpabilidad de la sospechosa, el cual debe estar inexorablemente regido por la estricta observancia de las garantías procesales que establecen nuestras leyes. Esto obliga a que, sin renunciar un ápice a estos sentimientos de condena e indignación por parte de la sociedad, sea observado escrupulosamente lo que nuestras leyes determinan y, en especial, lo que en el seno de la Unión Europa nos hemos impuesto a través de la aprobación de la Directiva por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia. En el art. 4 de la misma se establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras no se haya probado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa persona como culpable, y ello sin perjuicio de los actos procesales encaminados a demostrar la culpabilidad del sospechoso o acusado, los cuales deberán basarse en indicios o en pruebas de cargo.

Con esto no estoy haciendo ninguna llamada de atención, ni recriminando hecho alguno, tan solo una reflexión sobre que la observancia de las reglas del juego que nos damos rige para todos y en todo momento, incluso para los que consideramos monstruos.

La sociedad tiene derecho a que los sospechosos de un delito, especialmente uno tan execrable como este, sean juzgados lo antes posible y, si son hallados culpables, poderles llamar así, con todas las letras. Y además a que, si la calificación del delito lo permite, cumpla una pena de prisión permanente revisable, si no es derogada esta pena. Mas el derecho a la presunción de inocencia es básico en una democracia y debemos creer en ello, aunque sea difícil.