El VII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha reunido a las fuerzas vivas del país : gobierno, jueces, fiscales, policía... . Y todos juntos han llegado a la conclusión de que hay que seguir avanzando en la formación de los profesionales que, de una manera u otra, van a tener contacto con las víctimas. Nada que objetar; al contrario: se aplaude la voluntad, pero ¿se ha puesto fecha a un cambio legislativo que endurezca las penas a los maltratadores? ¿alguien ha hablado de sanciones a los jueces (y juezas) que ponen en libertad a un violador al que los expertos consideran imposible de rehabilitar? ¿se ha contemplado la posibilidad de invertir menos en pulseras de alejamiento y más en perros entrenados para la protección de mujeres en riesgo, que los hay?. Es estupendo que la policía reciba cursillos para saber tratar a las víctimas y que se imponga un trato paritario desde la guardería, pero lo uno es a toro pasado y lo otro, siendo optimistas, a medio plazo. Pero ¿qué pasa con el presente?. Quienes están sufriendo hoy las bofetadas; quienes cada vez que salen a la calle o escuchan el timbre de su puerta temen encontrarse de frente con su verdugo; quienes de aquí a dos días tendrán que dejar su casa para buscar refugio en una de acogida necesitan soluciones inmediatas, y como esto no se puede cambiar apretando un botón, lo más efectivo es lo más obvio: leña con el código penal en la mano al maltratador desde el minuto uno para que se le quiten las ganas de repetir y más protección a la víctima para que nunca se convierta en cifra de una estadística siniestra. Sin eso, ya podemos ir preparando el Congreso del año que viene y de paso el de todos los años que faltan hasta que los de la guardería se conviertan en venerables abuelitos.