Una Fiscalía a la medida de Sánchez

Se busca un perfil «más dócil» en la jefatura del Ministerio Público, que acompañe las hipotéticas decisiones políticas en el ámbito de la resolución del conflicto separatista en Cataluña.

Cuando el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, afirmaba que la Fiscalía General del Estado estaba para obedecer sus órdenes, puesto que el nombramiento de su máximo responsable correspondía al Ejecutivo –«¿La Fiscalía de quién depende?», fue la pregunta retórica que se hizo el líder socialista–, sin duda, estábamos ante algo más que un lapsus linguae. Ciertamente, estábamos ante un propósito claramente expresado, al menos, a tenor de las informaciones de diversas fuentes que coinciden en la inmediata destitución de la actual fiscal general, María José Segarra, en cuanto tome posesión el próximo Gabinete y pese a que la máxima responsable del Ministerio Público accedió al cargo hace menos de dos años.

Desde un punto de vista normativo, el relevo de Segarra puede producirse sin violentar el Estatuto Fiscal, puesto que la reforma del mismo establece que el fiscal general cesa con el Gobierno que le nombró, pero es imposible no sucumbir a la sospecha de que si el presidente Sánchez no procede a la reelección de Segarra, –lo que sería perfectamente posible ya que no ha estado más de dos años en el cargo– es porque busca un perfil «más dócil» en la Fiscalía, que acompañe las, de momento, hipotéticas decisiones políticas en el ámbito de la resolución del conflicto separatista en Cataluña. Es decir, la salida de prisión de los condenados por el procés, asunto en el que el Ministerio Público puede tener una participación determinante, puesto que puede instar a los tribunales a que anulen una concesión de grado penitenciario o, incluso, acusar de prevaricación a aquellos funcionarios y responsables políticos que retuerzan la Ley General Penitenciaria para favorecer situaciones de privilegio entre los reclusos.

Como ya hemos señalado desde LA RAZÓN, es potestad del Servicio Penitenciario de la Generalitat, que tiene transferida la competencia de prisiones, clasificar de grado a los políticos golpistas sentenciados por el Tribunal Supremo e, incluso, aplicarles los beneficios extraordinarios previstos en el artículo 100.2 de la citada ley, favoreciendo un régimen de semi libertad. Esta medida no sólo se encuentra entre las condiciones que previsiblemente pondrá ERC sobre la mesa negociadora de la investidura, sino que elude la problemática gestación de un indulto para unos reos que no se han arrepentido de sus delitos y que, además, proclaman que los volverían a cometer. El hecho de que los fiscales del Supremo pidieran al Tribunal sentenciador, sin éxito, que estableciera un tiempo mínimo de cumplimento de las condenas para Oriol Junqueras y compañía demuestra la preocupación que suscitaba la posible intervención del departamento de prisiones de la Generalitat. El anuncio, ayer, por parte de ERC de que pretende alargar la negociación de la investidura de Sánchez hasta después de Navidades, cuando la clasificación de los presos sea un hecho, abunda en lo que decimos.

Sin que pretendamos presuponer la posición que tomará la Fiscalía, los cierto es que María José Segarra se ha desempeñado en el cargo con independencia y, lo que es más significativo, respetando los criterios profesionales de sus subordinados, incluso cuando estos chocaban con los intereses del Gobierno. Así, la Fiscalía mantuvo la acusación de rebelión en el juicio del procés, obligando al Ejecutivo de Pedro Sánchez a imponer el cambio de criterio a la Abogacía del Estado –lo que llevó a la destitución del jefe de la sección penal, Edmundo Bal–, además de avalar el expediente sancionador contra la juez Núñez Bolaños por su inacción ante los procedimientos de corrupción que salpicaban a los socialistas andaluces. Dos hechos que, en María José Segarra, demuestran que la independencia de la Fiscalía es posible y no sólo retórica.