El pacto de la vergüenza

Se ha cumplido el último trámite que ERC había exigido para apoyar la investidura de Pedro Sánchez: que el pacto fuese aprobado por el Consejo Nacional del partido independentista. Pura demostración de fuerza y cohesión frente a la facción nacionalista representada por Puigdemont. Un trámite formal, o un movimiento táctico más –de los muchos que diariamente se hacen en Cataluña desde hace años–, después de que diera su conformidad Oriol Junqueras desde la cárcel de Lledoners. El acuerdo está cerrado y Sánchez será elegido presidente del Gobierno gracias a un partido que dirigió e instigó hasta el último minuto un golpe contra la legalidad democrática, con graves consecuencias penales –13 años de cárcel por sedición y malversación para su máximo dirigente–, un asalto que sigue defendiendo. Pero hay algo más que Sánchez no puede ocultar: ha hecho lo indecible para ser presidente, entregándose a un partido que aboga por liquidación de la democracia española, aunque no resolverá de esta manera el verdadero problema que tiene Cataluña: tras este pacto, cualquier solución para que la Ley y la Constitución sean respetadas está más lejos.

Sánchez habrá resuelto su problema –conseguir los votos de ERC para seguir en La Moncloa–, pero no el conflicto real de convivencia de Cataluña. Esto sí, ha resuelto el problema de su permanencia en el Gobierno y el problema de ERC para hacerse con el poder en Cataluña con el apoyo a su vez del PSC. Si el acuerdo firmado entre ERC y PSOE se cumpliera, supondría la entrega de la soberanía nacional a un partido independentista que sólo aspira a que el Estado acepte las condiciones de un referéndum de independencia y la desconexión definitiva del resto de España. El acuerdo parte, primero, del «reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo», lo que en el lenguaje nacionalista quiere decir que en Cataluña hay un sentimiento mayoritario independentista y que hay que darle salida aplicando el derecho de autodeterminación. En segundo lugar, habla de una «mesa bilateral de diálogo», con dos identidades políticamente diferenciadas y constituidas por «el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya», en la que se hablará de «propuestas detalladas sobre el futuro de Catalunya». Es evidente que no es ese el lugar para dar soluciones al futuro de Cataluña, sino el Congreso y el Parlament. Además, fija la constitución de este organismo en el plazo de quince días desde que se forme el Gobierno de Sánchez, lo que ya indica que no habrá tarea más importante que ésta –o así lo exige ERC–, ya que, además, se fijarán plazos concretos y fechas para presentar conclusiones. Es decir, el Ejecutivo está en manos de un partido secesionista dirigido desde la cárcel, dispuesto a retirar su apoyo si no se cumplen sus exigencias. Ahora bien, este acuerdo es tan de máximos, es tan irrealizable, tan inaceptable, que, llegado su momento, tras la segunda sesión de investidura el día 7, habrá que quitar la paja.

Para ERC lo más urgente es llegar a la presidencia de la Generalitat –con lo que supone arrebatar el poder a los restos de Convergencia–, mientras Sánchez es una mero instrumento. En tercer lugar, los acuerdos a los que se lleguen serán sometidos a una «consulta a la ciudadanía de Catalunya», de la que se desconoce todo, pero que permitirá sobrepasar lo reglamentado en la Constitución. Un referéndum «de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político». La exigencia de ERC era no hablar de la Constitución, algo que el PSOE ha aceptado, para desbordar al Estado de nuevo con un plebiscito, ahora sí, acordado con el Gobierno y en el que sólo decidirán los catalanes. Claro está, siempre cabe la posibilidad de que Sánchez los engañe y que este sea el pacto de la vergüenza y de la mentira.

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