Escrivá, pensiones y soberbia gnóstica

José Luis Escrivá, nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, empieza fuerte. No es el único. Sus compañeras de Hacienda, María Jesús Montero, y Trabajo, la podemita Yolanda Díaz, también fueron a por todas en su toma de posesión. Escrivá, sin embargo, hizo la apuesta más ambiciosa, más arriesgada y más incierta. Prometió actualizar las pensiones con el IPC –como hará hoy el Gobierno en su primera reunión–, «cerrar de forma rápida y efectiva el déficit de la Seguridad Social (SS)» e impulsar una «reforma equlibrada, creíble y sostenible económica y socialmente». Escrivá atesora una trayectoria de prestigio, dentro y fuera de España, caracterizada –hasta ahora– por la defensa a ultranza del equilibrio presupuestario y conoce el terreno que pisa. Si resuelve el sudoku de la SS, incluida la prometida revalorización con el IPC, tendrá un lugar de honor en la historia de las finanzas públicas.

José Luis Escrivá, en su recién liquidada etapa de presidente de la AIReF –Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal–, ya desgranó sus recetas sobre el futuro de las pensiones. Hace casi dos años, un martes 17 de abril, en una comparecencia en el Congreso, afirmó que «no es verdad que el futuro de las pensiones sea una ruina». También explicó que revalorizar las pensiones con el IPC supondría un gasto adicional del 0,7% del PIB en 2023, es decir, unos 10.000 millones más, cifra que llegaría –ejercicios posteriores– a los 18.500 millones si se ligaban las prestaciones a la evolución de los precios. Defendía entonces que si la economía crecía a ritmos parecidos a los de los cuatro últimos años –anteriores a 2018– ese gasto sería fácilmente absorbible. El problema es que la economía, en 2020, ya crece mucho menos. Escrivá, además, baraja otras recetas, entre las que destacan que el Estado –es decir, todos los contribuyentes– pague las pensiones no contributivas, aumentar la edad de jubilación y el periodo de referencia para calcular el importe de las pensiones, algo que hasta ahora solo se ha aplicado de forma parcial. En la práctica, significa endurecer más los requisitos para acceder a una pensión y su cuantía. Supone que las pensiones futuras serán menores. Tiene la ventaja de que los pensionistas del futuro no protestan ahora y a los actuales, que sí lo hacen, se les garantiza la revalorización con el IPC. También en abril de 2018, Escrivá arremetió contra las previsiones catastrofistas sobre las pensiones a 40 años de plazo. Recalcaba que «no hay derecho de transmitir esta certidumbre, esta soberbia gnóstica con la que decimos que esto va a ser la ruina. Porque esto no es verdad, no es verdad». Ahora tiene su oportunidad. Solo el tiempo dirá si Escrivá es o no también otro gnóstico, poseedor de un «conocimiento intuitivo y misterioso», en este caso de la SS. ¡Ójala!