La reputación de Iglesias y de Sánchez

Iglesias pide llevar la normalización de Euskadi a un gobierno de izquierdas
Javier ZorrillaEFE

Lo que tiene la mentira es que obliga a seguir mintiendo. La veracidad de los hechos está muy bien para el guion de una serie televisiva, pero no para plasmarse negro sobre blanco en un sumario judicial. Que una mano oculta sustrajo las pertenencias de una colaboradora de Podemos en un centro comercial, entre ellas el móvil, para a continuación someter a chantaje al líder del partido es verosímil en el mundo de la ficción, pero para serlo también en los hechos fácticos de un juzgado debe demostrarse con pruebas, no con principios ideológicos adaptados a un relato cautivador. La realidad y la ficción siempre han estado mezcladas en la estrategia política de Podemos: ver en cualquier acción del adversario la mano siniestra de la «casta», de misteriosos poderes ocultos y, cómo no, tratándose de un partido franquicia del régimen venezolano, del imperialismo yanki. Pero España salió hace tiempo de estas tramas paranoicas y sus políticos se dedican a gestionar los asuntos públicos como buenamente pueden –o así deberían hacer– desde las zonas templadas de la socialdemocracia o el liberalismo conservador. Hasta que llegó Podemos.

El asunto en el que se ha enredado Pablo Iglesias es precisamente ejemplo de esa visión excepcional de la política en la que el Estado se inmiscuye en todos los asuntos, públicos y privados. Usó la tarjeta del móvil de su asesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, que contenía material sensible de índole particular que podía afectarle a su reputación personal y pública, como una operación de las «cloacas» para frenar su ascenso imparable al poder, y en eso se basó su campaña electoral en 2019, en una mentira. Ahora se ha sabido, porque tanto Bousselham como Iglesias lo han confirmado, que dicha tarjeta la guardó el líder de Podemos para no «someter a más presión» –todo un gesto de antigualla caballerosidad– a su indefensa colaboradora, lo que supuso mentir e invertir su condición de víctima por la de posible autor de un delito, a ojos del juez García Castellón. Todo esto, en medio de la peor crisis sanitaria vivida por España en muchísimas décadas y ante los efectos de la brutal caída de nuestra economía. El vicepresidente segundo del Gobierno no tiene más que hacer que salir en defensa a la desesperada de un asunto turbio donde los haya y donde las «cloacas» a las que acusaba es más posible que estén dentro de su propia partido. Su visión conspirativa de la política ha llevado a Iglesias a atacar a los medios de comunicación que no le son afines, y en concreto al periodista Vicente Vallés, que desde Antena 3 está dando un ejemplo de rigor informativo e independencia. No se podía esperar otra cosa: no es la primera vez que pone en la diana a los periodistas, incluso ha llegado a hablar de cierre de medios que no se ciñan a la línea correcta. Después de todo, bajo el régimen de sus admirado Maduro se han cerrado más de 115 medios de comunicación. Lo grave es que el Gobierno no haya salido en defensa de la libertad de prensa y en contra de estas intolerables presiones. Es comprensible que Pedro Sánchez esté mediatizado por su socio en asunto tan oscuro, pero la política española, aun siendo responsable de su lamentable situación, no se merece estar enfangada en un asunto de poder, ambición y líos afectivos de Iglesias. La infantilización de Podemos tiene el anverso de un siniestro senedrín que ha acumulado demasiado poder en demasiado poco tiempo.

El Gobierno no ha salido en defensa de Iglesias porque es imposible dirigirse al país en estos momentos diciendo que es legítimo que su vicepresidente guarde la tarjeta de móvil de una colaboradora con material impublicable y se la devuelva un año después dañada. Que el líder de Podemos es un lastre para su propio partido lo demuestra que no quieren ni verlo por la campaña electoral de Galicia y el País Vasco. Pero es más grave que su permanencia en el Gobierno infecta a nuestra democracia.