Sin política migratoria

El Gobierno tiene una «política de inmigración». Esta afirmación la repitió varias veces el ministro Grande-Marlaska en la entrevista con Alsina del pasado día 2. Esa charla fue todo un recitado de argumentario con la solvencia y falta de empatía de un opositor… pero con esa necesidad de colocar que existe una «política de inmigración». Lo que está en sucediendo en Canarias demuestra que de existir esa política es opaca e incompleta y no merece tal consideración.

El Defensor del Pueblo en su visita sorpresa a mediados del mes pasado pidió el cierre del muelle por la vulneración del artículo 15 y el 17 de la Constitución. Los informadores y fotoperiodistas vienen denunciando las limitaciones del derecho de información. Esa política, por mucho que se proclame, no existe y el modelo «de pago» a Mauritania y Senegal que instauró Zapatero y continuó Rajoy se ha agotado.

Ahora la cuestión está en Marruecos y en el enfado del Rey, por las declaraciones saharauis de Iglesias, que ha decidido no actuar ante el colapso de la economía de supervivencia turística y la huida de miles de jóvenes por la «ruta canaria». Sí, «ruta canaria» que parece que no se quiere utilizar el término. A la hostilidad de los vecinos del sur hay que sumar la descoordinación del Gobierno en esta materia. Hay 10 ministerios implicados, las reuniones en vicepresidencia, en la segunda no en la social, no han dado resultado porque ninguno quiere asumir la responsabilidad. Nadie quiere ser el Illa de la inmigración y por eso asistimos a operaciones escondidas y contrarias a lo dicho tanto por Marlaska como por Ábalos, negando el traslado de migrantes a la península para evitar eso del «efecto llamada». Esto también formaba parte de esas llamadas «políticas de Estado» que habitualmente negociaban y cerraban los dos grandes partidos. El único hilo de conexión que queda es para la renovación del CGPJ es tan cierto como cínico.