Los obispos y la ministra

No hace falta ver la mano de Soros o de la masonería, aunque quién sabe, en la infame campaña de desprestigio contra la Iglesia católica a propósito de los casos de pederastia. En España la inquina anticlerical viene de lejos y es un mal endémico. La ideología de género, que se ha convertido en el dogma laico de nuestro tiempo, choca de frente con la doctrina eclesiástica tradicional, que sigue plenamente vigente. Lo que para la cultura política dominante -el derecho al aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual- es una muestra de avance social, progreso y modernidad, para la Iglesia es una preocupante regresión moral, un retroceso en la condición humana. Asistimos, pues, a una pugna ideológica de fondo, y desde la nueva Internacional Progresista se pretende, con malas artes si es preciso, acabar con las resistencias al avance imparable de esa ideología de género. Para los nuevos inquisidores, oponerse a ella es una herejía. Los que se atreven a mantener una actitud crítica -o simplemente a ir a misa- son calificados de reaccionarios y ultracatólicos.

Es significativa la dura nota de los obispos españoles a propósito de la ley contra la violencia a la infancia, en la que denuncian como “gravemente injusta” la acusación, en sede parlamentaria, de la nueva ministra podemita de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, a la Iglesia como encubridora de los abusos a la infancia. “Pretende -dice la declaración- ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas y no se corresponde en absoluto con la verdad”. No es descabellado pensar que la nota de la Conferencia Episcopal va también dirigida, además de a la ministra de la Agenda 2030, donde se cuece la expansión de dicha ideología progresista, a los medios de comunicación próximos al actual Gobierno que siguen machaconamente con la campaña de desacreditar a la Iglesia católica por el comportamiento sexual indebido de algunos de los suyos. Muy pocos, por lo visto, aunque sean detestables, para merecer tanta atención. Sólo el 0,2 por ciento de los casos -afirma el comunicado- se han dado, según estudios independientes, en actividades religiosas. La mayor parte de los abusos a menores ocurren en el entorno familiar y en otros ambientes, que no tienen que ver con el clero. Pero eso no se airea ni se investiga. La Iglesia se cansa ya de que los del Gobierno abusen de su paciencia.