Opinión

Indulto envenenado

Jesús G. FeriaLa Razón

Pedro Sánchez persiste en la idea de que el triunfo de Díaz Ayuso no tiene un efecto en su estrategia de permanecer en La Moncloa apoyándose en Unidas Podemos y en los partidos independentistas, especialmente en ERC. En las elecciones de 4M ha habido una censura a esos pactos y a esa personalísima manera de entender la política, como si no hubiera límites en forzar el gran pacto constitucional. Sin embargo, algo se mueve, por lo menos en los tiempos que Moncloa quiere imprimir a medidas que afectan directamente a la imagen del líder socialista. De la misma manera que en la agenda del Gobierno se introdujo la posibilidad del indulto a los líderes independentistas condenados por sedición, ahora esta iniciativa espera la oportunidad política para ser reactivada, suponemos que cuando sea favorable a los intereses electorales del PSOE –que no son los de ahora– y, sobre todo, a que Sánchez no ponga en peligro su hegemonía en territorios gobernados por los socialistas. Conscientes de que la aplicación de medidas de gracia cuando no ha habido el menor gesto, ya no de arrepentimiento, sino de autocrítica por el daño causado a la sociedad catalana, rota su unidad civil, no será entendido por la mayoría del electorado socialista, será difícil que el Gobierno acabe aceptando que aquellos graves delitos forman parte del pasado. A pesar de que el independentismo no ha contado en ningún momento con el apoyo de la Unión Europea, en Moncloa preocupa que, a pesar de las sentencias del Tribunal Supremo por sedición –que tampoco mereció el amparo de los tribunales europeos–, el «procés» haya provocado que el encarcelamiento de sus dirigentes, con un vicepresidente de la Generalitat y su presidente en octubre de 2017, condenado y huido de la Justicia, respectivamente, haciendo valer este último su condición de represaliado por el Estado español, sea una anomalía que habría que resolver. Su solución sería mucho más fácil si el independentismo renunciase a la idea de enfrentarse a un estado democrático, que nunca sería reconocido por la UE y que renunciase a la unilateralidad.

Con esas condiciones –que es a lo que puede llegar la llamada Mesa de Diálogo–, el Gobierno estaría en mejor posición de afrontar un indulto sin que le ocasione daños irreparables en su electorado más fiel. Es decir, el indulto vuelve a estar encima de la mesa y ahora hay que esperar el veredicto no vinculante del Tribunal Supremo, que previsiblemente emitirá a finales de mayo, y que el ministro de Justicia presentará, sea o no favorable, en el Consejo de Ministros. Será entonces cuando el Gobierno tome una decisión definitiva y pueda presentar a la opinión pública con argumentos que vayan más allá de necesitar los votos de ERC.