Los prolegómenos del terremoto político que supuso el «4-M» volvieron a traer a la primera línea del debate nacional –y amenazando con quedarse– uno de los más lamentables modos de interpretar la relación entre partidos en democracia, los «cordones sanitarios». El concepto, que se vende como un heroico pie en pared contra formaciones políticas que representan en algunos casos a millones de españoles, no tienen ni mucho menos como primer objetivo una pretendida salvaguarda de la salubridad democrática, sino intereses y motivaciones estrictamente partidistas. Cualquiera con un mínimo de memoria política podrá recordar que el mismo PP que servía para le pacto del Majestic en el 96 dejaba de servir en el pacto del Tinell en 2003, o el mismo Arzallus que situaba a los populares en el borde del derechismo incivilizado europeo, se descolgaba con aquél «me gusta este Aznar» tras una negociación que reportaba al PNV pingües beneficios. La secuencia es interminable hasta nuestros días, pasando por señalamientos estratégicos como la famosa «foto de Colón» y ahora, a vueltas nuevamente –discurso del dóberman– con una propuesta de cordón sanitario frente a Vox con sugerencias incluso de ilegalización desde el otro extremo político a cargo de quienes tampoco tendrían precisamente muy fácil exhibir pedigrí democrático. Un argumento colado de rondón en la pasada campaña madrileña cuyo recorrido pretenderá alargarse cuanto sea necesario en la legislatura de dos años para poner en evidencia al futuro gobierno de Diaz Ayuso en cualquier movimiento pactista con la derecha contigua.

Probablemente resulte tan injusto cargar contra pactos legítimos entre las derechas, como hacerlo, sin ir más lejos con el igualmente legítimo acuerdo del PSOE de Sánchez con una formación como Podemos. Ni lo primero alimenta fascismos, ni lo segundo tiene porqué suponer que España camina irremisiblemente hacia la Venezuela chavista. En todo caso, para quienes esgrimen dónde y cuándo conviene los cordones sanitarios hay una prueba del algodón que pasaría sencillamente por la reforma de la ley de partidos con el fin de verificar –con una nueva legislación en mano– quiénes son los que de verdad resultan un peligro para el estado de derecho. Algún país de nuestro entorno ya contempla la no legalidad de partidos con idearios antidemocráticos lo que supone que las cartas desde un principio están boca arriba. En el caso español, tal vez algún que otro amigo de los «cordones sanitarios» no saldría precisamente bien retratado. Ojo con los señalamientos.