Mientras la tragedia de los incendios forestales, con su reguero de destrucción y muerte, condiciona la actualidad política española con un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno y la Oposición, poco a poco, y a medida que se van cumpliendo los plazos de los procesos judiciales en marcha, emerge entre los rescoldos un horizonte otoñal cargado de nubarrones para el presidente del Ejecutivo y su entorno más cercano. Ni siquiera puede hablarse de tregua veraniega en un agosto tradicionalmente inhábil para la actividad procesal, conscientes los equipos de La Moncloa de que el calendario juega en su contra. Prueba de lo que decimos es la última maniobra organizada por los gubernamentales contra el juez Juan Carlos Peinado, a quien el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha denunciado ante el CGPJ por su interrogatorio, que considera improcedente, y que adquiere toda la apariencia de un intento, uno más, de intimidación al instructor que investiga el caso de la esposa del presidente, Begoña Gómez, a la que acababa de sumar otro presunto delito, el de malversación de caudales públicos, a la acusación. No parece que, dada la condición del ministro de ciudadano sometido como todos los españoles a la acción de la justicia, es decir, sin privilegios especiales, que su denuncia vaya a prosperar, pero, cuando menos, ayuda a proyectar en un sector de la opinión pública esa imagen deformada del «lawfare» que se ha convertido casi en la única línea de defensa del Gobierno. Políticamente, la situación para el jefe del Ejecutivo no puede ser peor y no sólo porque sea el protagonista de las portadas cada vez más críticas de la Prensa internacional, sino porque la crucial negociación con sus socios de investidura de los Presupuestos Generales del Estado va a coincidir con el señalamiento o la vista oral de varias de las causas judiciales que cercan a la Presidencia del Gobierno, acentuando la situación de debilidad que viene condicionando la legislatura. Es cierto que Sánchez es muy capaz de encarar otro ejercicio sin Presupuestos como ha venido haciendo los últimos años, pero sin la adecuación de las cuentas públicas a los nuevos compromisos adquiridos, como el proceso de rearme, o a las necesidades de financiación de las autonomías, puestas de relieve, por citar un ejemplo, con la emergencia forestal, desaconsejan la prórroga de esa práctica irregular, aunque sólo sea por el desgaste añadido a una gestión ya muy puesta en entredicho. Ciertamente, no tiene Sánchez una salida fácil para su situación, dado que sus socios nacionalistas catalanes ya han advertido del endurecimiento de sus condiciones en el debate presupuestario, con el inevitable rechazo popular en el resto de las comunidades autónomas, pero no parece que el inquilino de La Moncloa esté dispuesto a devolver la palabra a los ciudadanos con un adelanto electoral.