Alta traición

Hace un tiempo cité en este misma Tribuna un artículo de Francisco Tomas y Valiente titulado «La gracia y la justicia», donde recordaba que, frente al absoluto derecho de gracia en las antiguas monarquías, hoy es una potestad del Gobierno sometida al cumplimiento de de unos presupuestos legales, aun su naturaleza discrecional. El art 9.1 de la Constitución también rige para el Gobierno, y por ello está sometido a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, ¡faltaría más! Las reflexiones del maestro son de rabiosa actualidad, nos recordaba que el arrepentimiento en el indulto es un requisito esencial para su concesión, y además decía que «en la exigencia del arrepentimiento no hay que ver una voluntad legal de humillar al vencido,… Se trata de un requisito objetivo de garantía respecto al comportamiento futuro del recluso posible beneficiario del indulto. Si sucede, como ocurre en el caso presente, que el recluso ni siquiera solicitó personalmente el indulto y, desde luego, no ha manifestado su arrepentimiento en relación con su conducta delictiva y reincidente y no ha acatado la Constitución contra la cual se rebeló, la denegación del indulto es una consecuencia jurídica lógica y debida». Creo que insistir sobre esto es ocioso, y que si el Gobierno, tras el informe del Tribunal Supremo, concede los indultos a los condenados por su sediciosa y corrupta actuación, estaría adoptando actos arbitrarios e injustos con todas la consecuencias que ello acarrease, que no tienen por qué estar solo dentro del orden contencioso administrativo. Esto por sí mismo descalificaría a todo un gobierno y lo enfrenta a su función de gobernar ordenada por el interés general y el bien común, estaría actuando como el propio informe adelanta, bajo una forma de autoindulto para asegurarse el manteniendo del apoyo de los independentistas, toda una ignominiosa inmoralidad propia de los gobernantes más abyectos y detestables. Este tamaño despropósito se produce en un momento en el que el presidente Sánchez paga y paga inmorales compromisos contraídos con las fuerzas políticas que lo sostienen en el poder, y así estamos asistiendo a los vergonzosos e inmorales acercamientos de asesinos etarras, entre ellos el de Bienzobas, el asesino de Tomás y Valiente, ¡qué triste paradoja! Hace unos días el presidente Sánchez utilizó el Eclesiastés para decir que hay un tiempo para todo, pero para lo que no puede haber un tiempo es para humillar al Estado de Derecho y al Pueblo Español, no se puede perdonar por apoyos parlamentarios a un sedicioso no arrepentido que promete reincidir, hacerlo es lo mismo que legitimar y convertir sus delitos en meras actividades políticas. Como decía George Washington del gobierno «no debemos permitir que manos irresponsables lo controlen». Las penas que impuso el Supremo son precisamente la forma en que la justicia defiende ese legado de concordia convertido en ley a la que todos, también los políticos catalanes con ideologías independentistas, debemos someternos. Si el Gobierno termina aprobando estos indultos equivaldrá a que un Gobierno de España les pida perdón a unos delincuentes y declare culpables a los jueces que les condenaron.