La politización de la Justicia

La renovación del órgano de gobierno de los jueces se ha convertido en campo de batalla política entre el Gobierno y la oposición desde el comienzo de la legislatura. Si ese hecho mismo no es positivo, hay que tener en cuenta que el bloqueo que sufre no es la enfermedad, sino el síntoma de la misma.

Nuestra democracia parlamentaria se ha convertido de facto en una partitocracia, de tal forma que el Congreso –sede de la soberanía nacional y del poder legislativo junto al Senado–, actúa como correa de transmisión del Gobierno. Así, el poder judicial es el único realmente independiente del Ejecutivo, pero el deseo de controlar su órgano de gobierno, el CGPJ, traslada una fuerte presión política sobre él. Recordemos que fue el PSOE en 1985 quien modificó el sistema de elección más ajustado a la previsión constitucional, impidiendo la selección de los jueces por ellos mismos –vigente hasta entonces– introduciendo una inadecuada politización partidista de la institución. Además de la alternativa de una elección corporativista o una partidista, también existe una selección basada en una votación con una mayoría reforzada a 2/3 o 3/4. De esta manera, sería inevitable un consenso muy reforzado que atenuaría la actual politización de la justicia y la judicialización de la política.

Ambas realidades son graves patologías de nuestro sistema político que corrompen la calidad de nuestra democracia. Acostumbrarse a calificar a jueces y tribunales de conservadores o progresistas, cuestionando su imparcialidad, es una consecuencia inevitable, injusta y dañina de la situación actual.