La necesaria despolitización del poder judicial

A nadie se le escapa que en España al Gobierno le ha interesado intentar ejercer su influencia en la toma de decisiones en el poder judicial, concretamente, en la elección de los magistrados del CGPJ y en la Fiscalía General del Estado para utilizarlos al servicio del gobierno.

Tampoco es casualidad que siempre que gobierna la izquierda se utilizan las instituciones del estado al dictado del gobierno. Cabe recordar que Alfonso Guerra en 1985 lo admitió con una frase que ha pasado a la historia: “Montesquieu ha muerto”, dijo.

35 años más tarde otro gobierno socialista, esta vez el de Pedro Sánchez, ha rematado esas declaraciones no por palabra si no por obra, nombrando a la ministra de justicia de su gobierno nada más y nada menos que Fiscal General del Estado y enrocándose en su posición de seguir politizando el sistema de elección del CGPJ.

Nuestra Constitución ya prevé la posibilidad de la influencia del ejecutivo en el poder judicial. Por eso, a través de su artículo 117.1 otorga a los jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, la capacidad de ser independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley para que puedan estar lejos de los intereses políticos. Están sometidos únicamente y exclusivamente al estado de derecho.

Sin embargo, vemos como la elección del CGPJ ha sido durante años controvertida, especialmente estos últimos meses, donde razonadamente se acusa de politización del sistema de elección de los magistrados del máximo órgano de gobierno. Actualmente, de acuerdo con la LOPJ, la composición del CGPJ es la siguiente:

• - Veinte miembros, llamados vocales, nombrados por el rey, elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado) entre jueces y juristas de reconocida competencia.
• - Un Presidente, que será a su vez Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, designado por el Pleno del Consejo en su sesión constitutiva. Es elegido entre miembros de la Carrera Judicial o juristas de reconocida competencia.

Vemos por lo tanto, como a través de este sistema, se reparte en cierto modo los magistrados que integran el CGPJ entre las formaciones políticas que tengan mayoría. Este sistema entendido de una forma correcta tiene sentido en tanto en cuanto la elección final de los Magistrados se hace acatando la soberanía, representada en el parlamento. Sin embargo, los intereses partidistas pesan más que otras razones. Por eso, es necesario que el Proceso de elección del CGPJ se realice entre los propios integrantes del poder judicial y que esté a salvo de intereses personales o políticos, dejando al margen cualquier intervención del poder ejecutivo o legislativo en la toma de elección de este órgano tan importante para el correcto funcionamiento del poder judicial. España, como democracia avanzada, debe de fortalecer sus instituciones y velar por el correcto funcionamiento de las mismas.