La cacería contra Ayuso

Hay que reconocer la perseverancia de la izquierda política y mediática en su cacería contra Ayuso. Nunca hay que desdeñar la fuerza del odio hacia la persona que les derrotó de una forma tan clara como humillante. No les importa que tenga una trayectoria intachable y que su honradez haya quedado acreditada. Como no consiguen la victoria en las urnas han optado por destruirla a ella y a su familia. No hay ninguna irregularidad en los contratos de la Comunidad de Madrid. Ni siquiera el importe de las mascarillas llama la atención, porque era menor que el adquirido por el resto de las instituciones. Las contrataciones realizadas por el Gobierno fueron opacas, chapuceras y trufadas de amiguismo, pero no provocan ningún interés en la fiscal Concepción Sabadell. El tema es jurídicamente delirante, porque, una vez más, el objetivo no es, como establece la Constitución, promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Estamos ante una actuación arbitraria, oscura y que no responde, desde luego, al espíritu de imparcialidad que debería presidir la actuación del Ministerio Fiscal.

Tomás Díaz Ayuso es culpable de ser el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No es un empresario enriquecido al lado del poder socialista o que se haya beneficiado de contratos irregulares, es, simplemente, un comercial que ha dedicado su vida profesional al sector sanitario. Nada que ver con los intermediarios que se han beneficiado de los contratos del Gobierno socialista-comunista durante la pandemia. En cambio, el comportamiento del Fiscal Jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha sido impecable. La estrategia desatada por los grupos de la izquierda madrileña, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, busca perjudicar con mentiras a Ayuso y hundir a su hermano, que queda estigmatizado a pesar de su inocencia. La ha seguido, como era previsible, el Servicio Nacional de Cooperación Antifraude, que depende del ministerio de Hacienda y, finalmente, la fiscal Sabadell, nombrada para ese jugoso cargo en Europa por el anterior ministro socialista de Justicia, Juan Carlos Campo. El conflicto de competencias tendrá que ser resuelto ahora por Dolores Delgado. Estamos ante una sucia estrategia antijurídica y partidista dentro de la cacería desatada contra Ayuso.