Cinismo del secesionismo catalán

Dentro de la ley, siempre dentro de la ley, las naciones democráticas disponen de servicios de inteligencia destinados a detectar los intentos de golpes de Estado, las acciones del terrorismo criminal, las maniobras financieras estafadoras y cualquier actividad que comprometa la seguridad del Estado de Derecho.

El espionaje en las alturas forma parte de las estructuras democráticas serias y negar esto sería ofender a Inglaterra, a Francia, a Israel, a Estados Unidos, a Australia… España dispone de un excelente servicio de inteligencia, el CNI, que se distingue por su eficacia, por su defensa de la Constitución y por su supeditación a la ley.

La mejor prueba de lo que afirmo es que el CNI detectó a tiempo el intento de golpe de Estado de un sector del secesionismo catalán y que su información fue decisiva para proceder a la detención de los implicados. Acertaron los servicios de inteligencia. El Tribunal Supremo, tras un juicio ejemplar, sentenció por unanimidad a los implicados en el proceso separatista y los condenó a penas de cárcel por el intento de alterar el orden constitucional español. Los graves delitos de rebelión o de sedición detectados por el CNI fueron confirmados por los magistrados del Tribunal Supremo.

Con un cinismo elevado al cubo, el presidente de la Generalidad se permite amenazar al Gobierno español acusándole de un espionaje, que resulta imprescindible para detectar posibles delitos contra la seguridad del Estado. Solo faltaría que la debilidad política del sanchismo se tradujera en desarmar al Estado español. El CNI es imprescindible y está realizando una labor admirable. Hay que exigirle, por supuesto, que actúe conforme a lo que dispone la ley, pero en lugar de cuestionar su actividad, de lo que se trata es de consolidarla en beneficio de todos. Resultaría lesivo para la dignidad de España, plegarse al cinismo secesionista catalán sin otro motivo que contar con el plato de votos que mantienen al presidente Sánchez en su poltrona monclovita. Entre el CNI y ERC, la inmensa mayoría de los españoles se quedaría con el CNI, manifestándose en contra de los secesionistas catalanes, los cuales, por cierto, tienen derecho en la Monarquía de todos, a pensar como piensan, y a defender su posición, pero no a imponer sus ideas violentando la Constitución y las leyes.