Una «mesa» con muchas líneas rojas

Nada más normal y dentro de la lógica política que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trate de mantener atados los apoyos parlamentarios de uno de sus principales socios de la moción de investidura, especialmente, cuando se anuncian en el horizonte preocupantes nubarrones que pueden poner en peligro el final de la legislatura. De ahí, que el interés del encuentro mantenido ayer en Madrid entre el jefe del Ejecutivo y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, no radique sólo en la convocatoria de una nueva reunión de la mesa negociadora, sino en pulsar el nivel de sintonía entre dos formaciones, el PSOE y ERC, que se necesitan más de lo que traslucen el fuego de artificio en los debates de la Cámara.

En efecto, el Gobierno de coalición viene contando con el leal apoyo de los nacionalistas de izquierda catalanes cuando las circunstancias así lo exigen, y desde La Moncloa se suceden los gestos de todo tipo, por supuesto, en el campo de la financiación pública, pero, también, en los conflictos institucionales, que alivien la presión que sufren los republicanos por parte de los sectores separatistas más radicales, que observan con mucho recelo el fracaso de la estrategia de la tensión.

Vaya por delante, que la recomposición plena de las relaciones institucionales entre el Gobierno de la nación y el gobierno autónomo de Cataluña sería una grata noticia, entre otras cuestiones, porque la estabilidad política resultante redundaría en beneficio de los propios ciudadanos del Principado y, por ende, del resto de España, que verían mejor atendidos los problemas cotidianos de todo tipo que les aquejan. En cualquier caso, insistía ayer el president Aragonès en que con la reanudación de la mesa de diálogo, convocada para finales de julio, se iniciará el proceso de «desjudicialización del conflicto político», con la voluntad de que se produzcan «los primeros acuerdos parciales» con La Moncloa, cuestión que sólo tiene una interpretación posible, que el nacionalismo catalán está dispuesto a renunciar a unas prácticas que chocan directamente con el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, con los tribunales de Justicia.

Porque la pretensión de que el Poder Ejecutivo condicione la acción de los jueces escapa a toda hipótesis. Pedro Sánchez podrá modificar el Código Penal, recurrir a los indultos, instruir a la abogacía del Estado o apoyarse en la fiscal general para favorecer a sus socios, pero no puede en absoluto evitar que el reproche penal caiga sobre quienes incumplen las leyes. Lo mismo reza para la pretensión de celebrar un referéndum de autodeterminación, imposible bajo la norma constitucional vigente. Son las líneas rojas de una mesa negociadora legal en sí misma, en la que, no lo olvidemos, se sienta un Gobierno que debe dar igual trato al resto de las autonomías, dado que todos los españoles son iguales en derechos y obligaciones.