La dignidad del CGPJ

Hay que felicitar a los vocales del CGPJ por haber defendido la dignidad de este organismo constitucional al elegir al de mayor edad para asumir de forma interina las funciones de Lesmes. Una de las cuestiones más extravagantes que hemos vivido estos días ha sido el informe de un letrado por el que se pretendía ningunear a la institución e imponer como presidente en funciones al que lo será del Supremo. La situación era tan peregrina que se hacía una interpretación excéntrica de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial basada en que «conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como una titularidad conjunta e indisociable, lo que excluye la posibilidad de articular vías diferenciadas de sustitución». Menuda tontería. No había más que acudir al precedente de la dimisión de Dívar. Una vez resuelta esta cuestión, que es la consecuencia del acto inconstitucional, con unos recursos que duermen el sueño de los injustos, de quitarle la competencia de hacer nombramientos, ahora es necesario que el PSOE y el PP alcancen un acuerdo que permita su renovación. No es bueno que perdure el carácter interino, pero nunca he compartido las críticas interesadas sobre esta situación.

Lo que se vivió durante estos años ha sido complicado y anómalo, porque hemos tenido dos elecciones consecutivas y una larga pandemia que han impedido el normal funcionamiento de las instituciones. Me parece acertado que se exija un cambio en el sistema de elección para que se garantice la separación de poderes y la independencia de sus miembros. Han de ser estos los que nombren a su presidente, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora, ya que lo hacía, de facto, el gobierno de turno. España necesita un órgano de gobierno del Poder Judicial que sea un motivo de orgullo. Este mismo criterio lo extiendo a la Fiscalía General del Estado. Han de estar los mejores y más preparados, elegidos por ellos mismos y sin que exista el menor atisbo de intromisión ilegítima de otros poderes, porque es lo que se desprende de nuestro texto constitucional, así como del Derecho comparado. Es inaceptable que en una democracia tan importante como la nuestra se ofrezca un espectáculo tan poco edificante en el que se politiza tanto la Justicia como los órganos de gobierno.